07/09/2026.- Foto portada: Ilustrativa. IA.
Las subconcesionarias advierten que el atraso en los pagos ya compromete la compra de combustible y el cumplimiento de los gastos necesarios para mantener los colectivos en la calle. Resta cobrar cerca del 80% de julio y ya se suma agosto.
Las empresas subconcesionarias del transporte urbano de pasajeros de Salta atraviesan una situación financiera cada vez más ajustada por el atraso en los pagos. Según plantean, aproximadamente el 80% de los fondos correspondientes a julio continúa pendiente, mientras que el mes de agosto sigue el mismo correlato.
La demora impacta directamente en la operación diaria. Las empresas deben afrontar combustible, mantenimiento, repuestos y otros gastos corrientes aun cuando no cuentan con los recursos que deberían haber recibido.
Para sostener el servicio, algunas obligaciones deben cubrirse mediante financiamiento o acuerdos con proveedores, lo que incrementa los costos financieros de la prestación.
En este contexto, SAETA les exigió mantener la continuidad y regularidad del servicio, pese a las dificultades económicas planteadas por las operadoras, a la falta de pago, y al incumplimiento de compromisos precedentes por parte del organismo.
La exigencia quedó formalizada en una nota fechada el 3 de septiembre y firmada por Claudio Mohr, presidente de SAETA, en respuesta al planteo de las empresas, que habían advertido que, de mantenerse las circunstancias, podrían verse imposibilitadas de garantizar la continuidad del servicio.
SAETA señaló en ese escrito que se encuentra realizando las gestiones ante el Gobierno provincial para obtener una asistencia financiera extraordinaria y que viene efectuando pagos a las empresas “conforme a las disponibilidades” existentes. Al mismo tiempo, les requirió adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la prestación y advirtió que un eventual incumplimiento de las obligaciones contractuales podrá generar las acciones previstas en los contratos.
De esta manera, y pese al ahogo expresado, las empresas quedan obligadas a sostener un servicio cuyos costos deben afrontar diariamente, aun cuando una parte sustancial de los fondos no se abonaron.
El conflicto pone nuevamente en el centro la capacidad financiera de las operadoras: para que los colectivos sigan circulando.
