23/03/2026.- Salta al Instante.- Por Nico Ortiz.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
La maquinaria judicial que debería garantizar memoria, verdad y justicia en Salta está trabada como un engranaje oxidado. Mientras los sobrevivientes envejecen y los responsables de los crímenes del terrorismo de Estado siguen acumulando años sin enfrentar tribunales, veinte juicios por delitos de lesa humanidad siguen esperando fecha, atrapados en un cuello de botella judicial que amenaza con convertirse en una autopista hacia la impunidad.
El diagnóstico surge de un informe de Ciudadana Comunicación, que puso números a una realidad incómoda: la justicia federal salteña tiene un atraso que ya no puede disimularse detrás de discursos institucionales. Aunque la provincia aparece como la segunda jurisdicción del país con más sentencias por crímenes de la dictadura, el presente muestra otra cara: expedientes congelados, tribunales saturados y víctimas obligadas a esperar una justicia que llega tarde o directamente no llega.
Hasta ahora, en Salta se realizaron 32 juicios por delitos de lesa humanidad, que terminaron con 38 condenas. Es un número significativo, pero insuficiente frente al volumen de causas que siguen acumulándose en los despachos judiciales. Porque detrás de esos procesos terminados hay más de un centenar de expedientes todavía en investigación y una lista de debates orales que no tienen fecha en el calendario judicial.
El problema no es nuevo, pero cada año que pasa se vuelve más grave. La falta de jueces, los tribunales sobrecargados y la lentitud estructural del sistema judicial terminan operando como aliados involuntarios —o demasiado convenientes— de quienes esperan que el tiempo haga su trabajo. En los juicios por crímenes de la dictadura, el paso de los años no es neutral: favorece a los acusados.
Cada demora es una victoria silenciosa para los responsables de secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos cometidos durante el terrorismo de Estado. Cada expediente que duerme en un despacho judicial es una señal de alarma para las organizaciones de derechos humanos, que ven cómo el reloj corre más rápido que la justicia.
El informe advierte que el sistema judicial en la provincia enfrenta un cuello de botella estructural. Los tribunales federales no sólo deben ocuparse de las causas de lesa humanidad, sino también de delitos complejos como narcotráfico o corrupción. En ese escenario, los procesos por crímenes de la dictadura quedan atrapados en una agenda judicial saturada.
El resultado es una paradoja inquietante: una provincia que supo avanzar con fuerza en los juicios por el terrorismo de Estado ahora enfrenta el riesgo de que el impulso se diluya en la burocracia.
Mientras tanto, las víctimas siguen esperando. Y los responsables, muchos de ellos ya ancianos, siguen apostando al mismo mecanismo que tantas veces funcionó en la historia argentina: que el tiempo termine haciendo el trabajo que la justicia no se decide a completar.
