10/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
La crisis económica, los efectos de la inflación y el ajuste sobre tarifas de servicios básicos dejaron a cerca de 30 mil usuarios salteños en situación de corte del servicio eléctrico por falta de pago, según informó este martes el Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta (Enresp). La cifra representa a hogares y pequeños consumidores que, por las deudas acumuladas con la distribuidora EDESA, corren el riesgo real de perder la luz en medio de un verano de altas temperaturas y alto consumo energético.
De ese total, 8.869 usuarios tienen atrasos que superan tres facturas impagas, situación que, en muchos casos, es consecuencia directa del deterioro del poder adquisitivo de los salarios y de un esquema tarifario que quedó rezagado frente a la aceleración de los costos de vida en Argentina.
Ante ese cuadro, el organismo provincial publicó este lunes dos resoluciones en el Boletín Oficial por las cuales dispone un plan de financiamiento excepcional de las deudas de los usuarios residenciales y generales con potencia contratada hasta 20 kW que viven en las denominadas “zonas cálidas” de la provincia: los departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia, Anta y General Güemes, así como los municipios de El Potrero, El Galpón y La Candelaria.
El plan fijado por Enresp obliga a EDESA a ofrecer facilidades de pago de tres cuotas sin intereses o seis cuotas con interés calculado sobre la tasa pasiva del Banco Nación, para las deudas correspondientes a noviembre y diciembre de 2025, más enero, febrero y marzo de 2026, contemplando todos los conceptos facturados en ese período.
Desde el Ente regulador explicaron que “los efectos de la devaluación y los índices inflacionarios —resultado de políticas macroeconómicas que exceden las atribuciones del Gobierno provincial— han generado un desequilibrio en toda la cadena de actores del servicio de energía eléctrica, afectando tanto a las empresas como a los usuarios en todas sus categorías”.
La situación de morosidad se agrava en un contexto en el que, a nivel regional, el sistema eléctrico enfrenta tensiones más amplias: recientemente las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán presentaron una denuncia ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) contra la empresa transportadora Transnoa S.A., por fallas reiteradas en el sistema de alta tensión que provocaron apagones masivos y afectaron a más de 900 mil usuarios en el Noroeste argentino.
En aquel reclamo administrativo, funcionarios salteños como Carlos Saravia, presidente del Enresp, reclamaron auditorías, sanciones y acceso a los planes de inversión de la empresa concesionaria para garantizar la calidad del servicio. La tensión entre el reclamo provincial y las empresas del sector expone una fractura profunda en la prestación de servicios básicos estratégicos en regiones con altos niveles de vulnerabilidad social.
La deuda eléctrica en Salta no es un fenómeno aislado: la combinación de tarifas que suben por inflación, salarios que pierden poder adquisitivo y un sistema regulatorio tensionado se traduce en un fenómeno social que golpea con más fuerza a las familias más vulnerables, que deben elegir entre pagar alimentos o servicios básicos. La reciente medida del Ente Regulador busca mitigar el impacto inmediato, pero el cuadro de fondo —un sistema energético con niveles altos de mora, infraestructura y tensiones regulatorias— sigue planteando desafíos estructurales que el Estado provincial y las empresas deberán afrontar si no quieren que la luz se convierta en un lujo inaccesible para miles de salteños.
