03/08/2026.- Salta al Instante.– Foto portada: La Wiphala, bandera de los pueblos originarios de los Andes y de gran parte de América Latina. Imagen: Roxana Sposaro.
Comunidades originarias, el IPPIS y la Diócesis de Orán expresaron su rechazo al proyecto de Ley de Tierras impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que será tratado en el Senado. Advierten que la iniciativa podría favorecer la concentración territorial, la extranjerización y aumentar los conflictos con pueblos indígenas del norte salteño.
A pocos días del debate en el Senado, crece la resistencia en Salta contra el proyecto de Ley de Tierras impulsado por el Gobierno nacional de Javier Milei. Comunidades indígenas, organismos provinciales y sectores de la Iglesia advierten que la iniciativa podría profundizar la concentración de tierras y poner en riesgo derechos territoriales reconocidos a los pueblos originarios.
El proyecto, denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, será tratado este jueves 6 de agosto en la Cámara Alta e incluye modificaciones sobre la Ley de Tierras Rurales, la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Glaciares.
Desde Salta, las críticas apuntan principalmente a la posibilidad de una mayor apertura para la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros y a los cambios vinculados con los mecanismos de protección territorial.
El rechazo del IPPIS
El Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) manifestó un “firme y absoluto rechazo” al proyecto y sostuvo que la iniciativa desconoce la particularidad de la propiedad comunitaria indígena.
El organismo afirmó que la propuesta podría generar un escenario de mayor vulnerabilidad para las comunidades originarias y alertó sobre posibles desalojos acelerados y conflictos territoriales.
“El territorio no se vende, se defiende”, expresó el IPPIS al reclamar que los senadores nacionales por Salta rechacen la iniciativa y respeten las normas constitucionales que reconocen los derechos indígenas.
El instituto señaló que el proyecto entraría en tensión con el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y normas provinciales que reconocen la posesión y propiedad comunitaria de las tierras indígenas.
Comunidades wichí alertan por nuevos conflictos
La médica wichí Tujuayliya Gea Zamora, referente de la organización Na’ Nechepa, sostuvo que el debate legislativo forma parte de un proceso más amplio de disputa territorial que atraviesan las comunidades del norte salteño.
Según explicó, la derogación de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena y otros cambios impulsados durante la actual gestión nacional generaron mayor preocupación entre las comunidades.
“Vienen a profundizar conflictos históricos del territorio”, sostuvo, y cuestionó que la apertura a inversiones extranjeras no haya significado beneficios concretos para los pueblos indígenas ni para las comunidades criollas del norte provincial.
Además, alertó sobre el riesgo de que los habitantes ancestrales pierdan el acceso a territorios que históricamente utilizaron para vivir, producir y sostener sus prácticas culturales.
La postura de la Iglesia de Orán
El rechazo también llegó desde la Diócesis de Orán, cuya Pastoral Social y Ecológica y el Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen difundieron un comunicado bajo el título: “La tierra es un don de Dios, no es una mercancía”.
La institución religiosa cuestionó que el proyecto pueda favorecer la concentración de tierras en pocas manos y sostuvo que la propiedad privada debe cumplir una función social vinculada al bien común.
Además, advirtió que la reforma podría afectar especialmente a comunidades indígenas y campesinas del norte de Salta.
Los datos sobre extranjerización en Salta
El debate también está atravesado por informes sobre la concentración de tierras en manos extranjeras.
El Observatorio de Tierras, vinculado a investigaciones de la UBA, señaló que algunas zonas de Salta presentan niveles elevados de extranjerización rural.
Según ese relevamiento, departamentos como San Carlos, con alrededor del 60% de superficie rural extranjerizada, y Molinos, con cerca del 58%, aparecen entre los sectores con mayores porcentajes de la provincia.
El informe sostiene que la discusión no solo involucra la propiedad de la tierra, sino también el control sobre recursos estratégicos como agua, minerales y territorios con valor ambiental.
La discusión llega al Senado
Será la quinta oportunidad en la que el Senado intentará avanzar con el tratamiento del proyecto.
Sectores opositores plantean que la iniciativa necesita mayor debate y cuestionan la eliminación de límites para la compra de tierras por extranjeros.
En cambio, desde el oficialismo sostienen que la reforma busca fortalecer la seguridad jurídica y promover inversiones.
Los senadores nacionales por Salta Emilia Orozco, Gonzalo Guzmán y Flavia Royón llegarían a la sesión con una postura favorable al proyecto oficial, según las posiciones expresadas hasta el momento.
Mientras tanto, organizaciones sociales, indígenas y ambientales convocaron a movilizaciones para rechazar la reforma y sostienen que el debate define quién tendrá el control del territorio y bajo qué condiciones.
