30/07/2026.- Salta al Instante.– Foto portada: Ilustrativa. Web.
La Cámara de Diputados de Salta aprobó una norma que regula la compra, venta y acopio de metales no ferrosos como cobre y bronce. La Libertad Avanza fue el único bloque que votó en contra y cuestionó la mayor intervención estatal.
La Legislatura de Salta aprobó una nueva regulación para el mercado de metales no ferrosos, con el objetivo de controlar la circulación de materiales como cobre y bronce y reducir el robo de infraestructura pública.
El proyecto fue acompañado por la mayoría de los bloques políticos, mientras que La Libertad Avanza fue la única fuerza que rechazó la iniciativa durante la sesión.
Un sistema de control sobre cobre y bronce
La norma establece mecanismos de registro, trazabilidad y exigencia de documentación sobre el origen de los materiales comercializados.
Según los impulsores del proyecto, el objetivo es evitar que elementos obtenidos mediante robos puedan ingresar al circuito formal de compra y venta, especialmente aquellos vinculados a cables, instalaciones eléctricas y otros bienes de uso público.
Los legisladores que respaldaron la iniciativa señalaron que el robo de metales genera consecuencias directas para la sociedad, como cortes de energía, problemas de conectividad y afectación de servicios esenciales.
Cruce político con La Libertad Avanza
Durante el debate, los representantes de la mayoría cuestionaron la postura del bloque libertario y sostuvieron que rechazar controles favorece la continuidad de un mercado clandestino que perjudica al Estado y a los vecinos.
Desde La Libertad Avanza argumentaron que la ley implica más regulaciones y burocracia estatal, en línea con su postura de reducir la intervención del Estado en los mercados.
La respuesta de otros legisladores fue que la falta de controles no representa un mercado libre, sino una vía que puede facilitar la comercialización de materiales robados.
Debate sobre seguridad y propiedad privada
Los defensores de la regulación remarcaron que la medida también busca proteger la propiedad privada y pública, al impedir que quienes compran metales sin verificar su procedencia formen parte de una cadena vinculada a delitos.
La ley ahora avanza como una herramienta para ordenar un sector que, según sus impulsores, se convirtió en un punto clave para combatir el robo de infraestructura en la provincia.
