01/06/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Milei sigue regalando la Patria, ahora en territorio salteño. Imagen: Archivo.
Salta vuelve a quedar en el centro de una fuerte polémica nacional. Un proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei podría eliminar los límites vigentes para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, una medida que genera preocupación en sectores políticos, sociales y productivos que advierten sobre una posible profundización del proceso de extranjerización del territorio.
La iniciativa forma parte de la denominada «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» y será debatida esta semana en el Senado. Entre sus puntos más controvertidos figura la modificación de la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, que estableció un tope del 15% para la adquisición de tierras por personas físicas o jurídicas extranjeras.
De aprobarse la reforma, ese límite desaparecería y cada provincia quedaría habilitada para decidir si mantiene o no restricciones a la venta de tierras. Desde el oficialismo aseguran que la medida podría atraer inversiones por más de 15.000 millones de dólares y convertirse en una herramienta para impulsar el desarrollo económico.
Sin embargo, los cuestionamientos no tardaron en aparecer. Diversos sectores consideran que la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia que incluye beneficios para grandes inversiones y cambios regulatorios que favorecerían el desembarco de grandes capitales extranjeros sobre recursos estratégicos.
En Salta, el debate adquiere una dimensión especial. Datos del Registro Nacional de Tierras Rurales muestran que la provincia encabeza los índices de extranjerización del país. En departamentos como San Carlos, cerca del 60% del territorio ya pertenece a propietarios extranjeros, mientras que en Molinos la cifra alcanza el 58%.
La presencia de grandes grupos internacionales en la provincia no es nueva. Empresas vinculadas a la explotación minera, petrolera y agropecuaria controlan extensas superficies de territorio salteño, especialmente en zonas consideradas estratégicas por sus recursos naturales.
El proyecto también incorpora una cláusula destinada a sumar apoyos de los gobernadores. El texto establece que cada provincia conservará plena jurisdicción sobre su territorio y podrá decidir de manera autónoma si fija límites o habilita la libre compra de tierras por parte de extranjeros.
Para los defensores de la iniciativa, se trata de una muestra de federalismo y respeto por las autonomías provinciales. Para sus detractores, en cambio, es una forma de trasladar la responsabilidad política a los gobiernos locales mientras se elimina una protección nacional que llevaba más de una década vigente.
La discusión promete ser intensa en el Senado. Desde sectores de la oposición advierten que la norma podría facilitar el acceso de grandes corporaciones internacionales a tierras consideradas estratégicas para la producción de alimentos, la explotación minera, los recursos hídricos y el desarrollo energético.
Mientras tanto, en Salta crece el debate sobre el futuro de un territorio que ya presenta algunos de los niveles más altos de propiedad extranjera del país. La votación del próximo jueves podría marcar un antes y un después en la forma en que se administra uno de los recursos más valiosos de la Argentina: la tierra.
