13/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Procuración General de Salta. Imagen: Web.
La Procuración General de Salta estableció nuevos criterios para investigar organizaciones criminales, evaluar riesgos procesales y solicitar prisión preventiva cuando existan motivos concretos. En paralelo, fiscales reclamaron que se fije la fecha del juicio por el millonario robo a la empresa Abra del Sol, cometido en 2022, ante una demora que ya tuvo consecuencias sobre los plazos de prisión preventiva de dos imputados.
La Procuración General de Salta estableció nuevas pautas para que los fiscales investiguen delitos vinculados con organizaciones criminales, con especial atención a los riesgos de fuga, la posible intimidación de testigos y las maniobras destinadas a obstaculizar las investigaciones judiciales.
La medida se conoció en una semana marcada por varios acontecimientos vinculados con el crimen organizado en el norte provincial. Entre ellos se destacó la detención de doce personas presuntamente vinculadas con una estructura narcocriminal que habría estado dirigida por el exintendente Carlos “Conejo” Martínez, además de los reclamos del Ministerio Público Fiscal para acelerar el juicio por el robo millonario a la firma Abra del Sol.
El procurador general de Salta, Pedro García Castiella, firmó la resolución 1770, que establece criterios de actuación para los fiscales penales de toda la provincia. La disposición considera que la pertenencia a una organización criminal debe analizarse al momento de evaluar los riesgos procesales, debido a la capacidad que estas estructuras pueden tener para interferir en una causa.
Según los fundamentos de la resolución, las organizaciones delictivas pueden contar con recursos económicos, distribución de funciones, vínculos entre sus integrantes y redes de apoyo que les permitan facilitar fugas, presionar a personas involucradas en una investigación o dificultar la actuación de la Justicia.
Por ese motivo, los fiscales deberán examinar el papel que desempeña cada persona investigada dentro de la organización, sus conexiones y los recursos a los que realmente puede acceder. El objetivo es determinar si esas circunstancias representan un riesgo concreto para el desarrollo del proceso penal.
Testigos, pruebas y prisión preventiva
Uno de los puntos centrales de la resolución es la protección de víctimas y testigos. Las fiscalías deberán prestar especial atención a la posibilidad de que las organizaciones criminales recurran a amenazas, presiones o intimidaciones para condicionar declaraciones o impedir la colaboración con la Justicia.
También tendrán que evaluar si existen mecanismos para ocultar, modificar o destruir pruebas, coordinar versiones entre los integrantes de una estructura delictiva o dificultar la obtención de nuevos elementos probatorios.
En materia de medidas cautelares, la resolución dispone que los fiscales deberán solicitar la prisión preventiva cuando existan elementos concretos que acrediten riesgos procesales y las medidas menos restrictivas resulten insuficientes para neutralizarlos.
Sin embargo, la directiva no establece que todas las personas vinculadas con una organización criminal deban permanecer detenidas durante el proceso. La decisión deberá considerar las circunstancias particulares de cada caso, la participación individual de la persona investigada y los riesgos efectivamente identificados.
La Procuración también dispuso que la evaluación de esos riesgos se actualice durante toda la investigación, teniendo en cuenta cualquier cambio que pueda modificar la capacidad de la organización para interferir en el expediente.
Además, los fiscales deberán examinar las decisiones judiciales sobre medidas cautelares y presentar las impugnaciones correspondientes cuando existan fundamentos jurídicos suficientes.
Con estas disposiciones, el organismo busca fortalecer los mecanismos de persecución penal frente a estructuras delictivas que, por sus recursos y conexiones, podrían tener mayores posibilidades de eludir la Justicia o entorpecer las investigaciones.
Abra del Sol: los fiscales reclaman que se fije la fecha del juicio
Mientras se establecían las nuevas directivas contra el crimen organizado, la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte presentó un pedido de pronto despacho ante el Tribunal de Juicio por la demora en fijar la audiencia de debate en la segunda causa por el robo a la empresa Abra del Sol.
El equipo fiscal está integrado por Daniel Espilocín, Pablo Cabot, María Luján Sodero, María Soledad Filtrín Cuezzo y Claudia Carreras. En su presentación, advirtió que el plazo previsto para fijar la audiencia ya había vencido sin que se concretara el acto procesal.
Los fiscales calificaron la demora como “injustificada” y señalaron que tuvo consecuencias sobre la situación procesal de José Dimas Ruiz y Matías Ezequiel Malissia, cuyos plazos de prisión preventiva vencieron mientras el juicio continúa pendiente de realización.
La presentación también hizo referencia a Marcelino Daniel Cruz, quien permanece detenido y está imputado en otra causa. Según la Unidad Fiscal, resulta necesario avanzar con el debate para que se determine la eventual responsabilidad penal de los acusados.
El Ministerio Público sostuvo que los expedientes acumulados se encuentran en la misma etapa procesal y que el principal paso pendiente es la fijación de la audiencia. Por eso, planteó que, si la acumulación de causas representa un obstáculo para realizar el juicio, se deje sin efecto y se avance con las audiencias correspondientes.
Ante la demora, la Unidad Fiscal se reservó la posibilidad de acudir a la Corte de Justicia mediante un recurso de queja por retardo de justicia.
El robo millonario a Abra del Sol
La causa investiga el asalto a la empresa frutihortícola Abra del Sol, ocurrido el 16 de diciembre de 2022. El expediente fue elevado a juicio en marzo de 2025 respecto de Ruiz, Cruz y Malissia.
De acuerdo con la reconstrucción del hecho, al menos ocho personas con los rostros cubiertos y armadas ingresaron al establecimiento, redujeron y maniataron al personal y se habrían llevado 13 millones de pesos, 160.000 dólares y una camioneta.
Cuatro personas involucradas en la misma causa, Cristian Gabriel “Gringo” Palavecino, Brian Gabriel Palavecino, Delfor Rogelio Sandoval y Javier Antonio Romero, ya fueron condenadas.
Ruiz se desempeñaba como gerente comercial de la empresa. La acusación sostiene que habría simulado ser una víctima y fingido colaborar con la investigación para obtener información y facilitar la fuga de otros involucrados. Esa hipótesis deberá ser examinada en el proceso judicial.
La demora en fijar el debate mantiene pendiente la definición de las responsabilidades de los imputados y generó un reclamo formal del equipo fiscal para que el tribunal avance con el juicio.
El caso vuelve a poner en el centro de la discusión la necesidad de que las investigaciones por delitos complejos avancen con eficacia, pero también de que los procesos judiciales respeten los plazos y las garantías correspondientes. Las nuevas directivas de la Procuración apuntan a fortalecer la actuación fiscal frente al crimen organizado; el reclamo por Abra del Sol, en tanto, expone la urgencia de resolver una causa que lleva casi cuatro años desde el robo.
