28/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Escándalo y gritos en el Concejo, entre acusaciones de fraude y aprietes políticos. Imagen: Concejo Deliberante de Salta.
La sesión del Concejo Deliberante de Salta terminó convertida en un campo de batalla político. Gritos, acusaciones de fraude, cruces reglamentarios y llamados al orden marcaron una jornada explosiva que culminó con la reelección de Federico Núñez Burgos como Defensor del Pueblo de la ciudad, en medio de una fuerte polémica impulsada por el bloque de La Libertad Avanza.
Lo que debía ser una votación administrativa terminó exponiendo una interna feroz dentro del cuerpo legislativo y dejando al descubierto sospechas, tensiones y denuncias sobre supuestas maniobras para controlar políticamente un organismo clave.
La chispa que incendió el recinto fue encendida por la concejala libertaria Laura Jorge, quien denunció públicamente que existieron irregularidades en el proceso de selección y habló directamente de una “maniobra fraudulenta”. La frase cayó como una bomba en el recinto y desató una reacción inmediata del oficialismo y de concejales aliados, que salieron a blindar el procedimiento y a defender la continuidad de Núñez Burgos.
La edil cuestionó que el expediente permaneciera prácticamente paralizado durante meses y que, de repente, en apenas una semana, el oficialismo lograra cerrar la terna para designar al Defensor del Pueblo mientras dejaba caer el proceso para secretario letrado. Según denunció, incluso su dictamen de minoría habría sido eliminado irregularmente en la comisión de Labor Parlamentaria.
La acusación generó un inmediato pedido de cuestión de privilegio impulsado por el concejal José García, quien consideró que las declaraciones de Laura Jorge “manchaban el prestigio del cuerpo”. A partir de ahí, la sesión derivó en un áspero enfrentamiento reglamentario y político donde cada intervención elevó aún más la tensión.
El presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, salió al cruce y negó cualquier irregularidad. Defendió la legalidad del procedimiento y sostuvo que todo se había resuelto mediante acuerdos políticos entre presidentes de bloque. También recordó que la propia Laura Jorge participó de las reuniones donde se discutió el expediente y votó en contra, aunque —según afirmó— nunca pidió formalmente que su dictamen fuera incorporado al recinto.
Pero las críticas no se limitaron al procedimiento. Desde La Libertad Avanza apuntaron directamente contra la continuidad de Federico Núñez Burgos y cuestionaron incluso la legalidad de su candidatura. La concejala Agustina Álvarez aseguró que el funcionario figuraba afiliado a un partido político hasta el día anterior a la sesión, algo que —según advirtió— sería incompatible con los requisitos exigidos para ocupar el cargo.
“Una persona que incumplió con lo que establece la ordenanza no debería volver a ocupar este lugar”, disparó la edil libertaria.
El oficialismo respondió endureciendo todavía más el tono. La concejala Eliana Chuchuy cruzó duramente a las representantes libertarias y lanzó una frase que encendió todavía más el clima en el recinto: “El Concejo Deliberante no es una escuela, acá se viene aprendido”.
La discusión ya había dejado de ser institucional. El debate se transformó en una pelea abierta por el control político de la Defensoría del Pueblo y por la legitimidad del propio funcionamiento del Concejo.
En medio del caos, Darío Madile obligó a Laura Jorge a “ratificar o rectificar” sus dichos sobre la supuesta maniobra fraudulenta. La concejala intentó retirar únicamente el término “fraudulenta”, aunque mantuvo sus denuncias sobre irregularidades en el proceso. El oficialismo interpretó esa respuesta como una ratificación de sus acusaciones y avanzó con un llamado al orden votado por mayoría.
Finalmente, en un recinto atravesado por la tensión y los reproches, el oficialismo consiguió aprobar la designación y Federico Núñez Burgos juró nuevamente como Defensor del Pueblo de la ciudad de Salta.
Pero el conflicto no terminó ahí.
La sesión continuó con otro foco de conflicto: el cargo de secretario letrado de la Defensoría. Allí el oficialismo decidió declarar desierto el proceso de selección, argumentando falta de consenso político para conformar una terna.
La oposición libertaria volvió a explotar. Agustina Álvarez calificó de “inexplicable” que más de diez abogados postulados no alcanzaran para definir un candidato y acusó al oficialismo de buscar perfiles políticamente obedientes.
“Por ahí algunos sectores están buscando a alguien que responda y que no genere problemas”, lanzó.
Desde el oficialismo negaron cualquier tipo de maniobra y defendieron la decisión de reiniciar el proceso de selección. Gonzalo Nieva aseguró que el fracaso para consensuar una terna forma parte de la dinámica política normal del Concejo y sostuvo que el procedimiento fue completamente legal.
Sin embargo, el daño político ya estaba hecho.
La sesión dejó expuesta una grieta feroz dentro del Concejo Deliberante y alimentó sospechas sobre acuerdos de poder, manejo interno de expedientes y disputas por espacios estratégicos dentro de la estructura institucional de la ciudad.
La reelección de Núñez Burgos terminó aprobándose, pero lejos de cerrar el conflicto, abrió una nueva etapa de enfrentamiento político que promete seguir escalando dentro del Concejo capitalino.
