10/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Casas del IPV. Imagen: Prensa Gobierno de la Provincia de Salta.
La Justicia salteña dio un paso firme contra una modalidad de estafa que explotó la desesperación de familias que buscan un techo propio: la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó la elevación a juicio de la causa contra un hombre acusado de presentarse como gestor del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), cobrar dinero a cambio de supuestas “carpetas” para acceder a viviendas sociales y no cumplir con ninguna de las promesas hechas a sus víctimas.
La investigación judicial se puso en marcha tras la denuncia de una mujer que relató que en 2022 fue abordada en Salta por el acusado mientras trabajaba como chofer de remis. Según su testimonio, el hombre —que decía tener contactos y manejo interno en el IPV— la convenció de que podía gestionarle una vivienda social. La víctima, confiando en sus afirmaciones, le entregó documentación personal y sumas de dinero bajo la promesa de facilitar el acceso a un inmueble.
El imputado incluso la llevó al barrio Pereyra Rosas, donde se construyen viviendas del IPV, y le señaló una casa como si ya fuera adjudicada para ella, una maniobra habitual en estos engaños que buscan dar legitimidad a la estafa. Días después, volvió a contactarla alegando que otras personas se habían “dado de baja” del programa, por lo que necesitaba que presentara más interesados para avanzar con la supuesta gestión. Esta dinámica permitió al acusado sumar nuevas víctimas entre familiares de la denunciante, entre ellos su hermano y su prima.
Según la fiscalía, el hombre cobró $70.000 por la supuesta carpeta de la denunciante, $60.000 por la carpeta del hermano y otros montos fraccionados —$20.000 por trabajos adicionales y hasta $100.000 por compra de materiales— sin que existiera ninguna gestión real ante el IPV. Estas maniobras, sostiene la acusación, constituyen estafas reiteradas en concurso real, con un perjuicio económico concreto para varias familias que creyeron estar accediendo a una vivienda social.
El expediente judicial ahora quedó a cargo del Juzgado de Garantías N°8, que deberá resolver si la causa efectivamente se eleva a juicio oral, donde el acusado deberá responder por los delitos de estafa y maniobras engañosas utilizando la falsa promesa de asignación de viviendas públicas.
Casos de este tipo no son aislados en Argentina: en otras provincias se registraron maniobras similares de falsos gestores de carpetas del IPV que exigen pagos por adelantado sin entregar ninguna documentación oficial ni viviendas prometidas, lo que ha llevado a múltiples denuncias y causas judiciales en distintos tribunales del país.
Este avance de la fiscalía salteña pone de manifiesto no solo el daño económico causado a víctimas que buscan resolver un derecho básico como el acceso a la vivienda propia, sino también la proliferación de mafias de intermediación fraudulenta que se aprovechan de la precariedad habitacional en contextos de crisis económica y políticas insuficientes de acceso a la vivienda digna. La elevación a juicio de este caso será un termómetro de cómo la justicia aborda estas estafas estructurales que se replican en múltiples provincias.
