24/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: IA.
El verde ancestral del norte argentino se está convirtiendo en ceniza y tierra yerma. Según datos recientes, la provincia perdió más de 34.000 hectáreas de bosque nativo durante 2025, una cifra que no solo alarma por su magnitud, sino porque refleja un avance brutal de desmontes e incendios que devoran uno de los mayores patrimonios ecológicos del país. El informe fue difundido en medios nacionales y confirma lo que organizaciones ambientalistas vienen denunciando desde hace años: la naturaleza salteña está siendo liquidada sin freno.
Desmonte. Imagen: Web.
Cifras que claman justicia
Los números son devastadores: más de 34.000 hectáreas de bosque arrasadas solo en 2025, un crecimiento récord respecto a años anteriores y un signo claro de que la deforestación no es un accidente, sino una política sistemática. Mientras tanto, la superficie total de bosques nativos de Salta supera los 8 millones de hectáreas, pero cada vez menos queda en pie.
Incendios y desmontes: un combo explosivo
Las causas son múltiples y convergentes. Por un lado, los incendios forestales, sembrados por negligencia humana, condiciones climáticas extremas y el retroceso de políticas de prevención y combate al fuego, han actuado como un martillo contra la frágil estructura ecológica de la región. En 2025, el fenómeno de viento Zonda y las altas temperaturas complicaron aún más la situación, multiplicando focos ígneos y aumentando el riesgo de que el fuego consuma kilómetros de bosque irreemplazables.
Por otro lado, el avance de la frontera agropecuaria —con desmontes legales e ilegales para soja y ganadería— continúa impulsando la transformación de ecosistemas vitales en tierras productivas a corto plazo pero desastrosas a largo plazo, como denunciaron históricamente organizaciones como Greenpeace en sus análisis satelitales del norte argentino.
Una ley ignorada, un Estado ausente
La Ley Nacional 26.331 de Bosques Nativos, que debería proteger estas áreas, está siendo sistemáticamente vulnerada. Los bosques clasificados como de alta protección (categorías rojo y amarillo) deberían estar preservados de desmontes e incendios, pero la realidad demuestra lo contrario: apenas una fracción de la superficie está efectivamente resguardada, mientras miles de hectáreas desaparecen de los mapas verdes cada año.
Mientras tanto, la respuesta del Estado —tanto nacional como provincial— es tibia o inexistente. Los proyectos de ordenamiento territorial se dilatan, los recursos para combatir incendios y financiar la preservación ambiental son escasos y los controles sobre actividades productivas que desforestan son laxos. El ambiente paga la factura de un poder político que mira para otro lado y prioriza intereses productivos por sobre la supervivencia de los bosques.
El costo ecológico y social
La pérdida de bosques no es solo un número en hectáreas. Es la desaparición de espacios esenciales para la regulación hídrica, la preservación de biodiversidad —hogar de innumerables especies— y la protección de las comunidades rurales e indígenas que dependen de esos ecosistemas. También implica una mayor vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos como inundaciones y sequías prolongadas, fenómenos que ya comenzaron a sentirse con fuerza en distintas partes de Salta.
Este desastre ambiental no se limita a Salta: se enmarca dentro de una tragedia más amplia que afecta a toda la región del Gran Chaco y pone a Argentina entre los países con mayor ritmo de deforestación legal e ilegal de Sudamérica. El reloj ecológico sigue corriendo, y mientras tanto, los bosques de Salta arden, se talan y desaparecen sin que las autoridades encuentren la urgencia que la crisis exige.
