07/12/2025.- Salta al Instante.- Foto portada: Denuncian la venta ilegal de terrenos del Estado en barrio San Calixto: “El Estado está dejando que estafen a la gente”. Abel Moya. Imagen: Captura de Video.
En el programa Mi Gran Noche, conducido por Mabel Corrales y Fernando Echazú, el referente barrial Abel Moya expuso una grave denuncia: un particular habría usurpado y loteado una hectárea de terrenos públicos destinados a espacios verdes e instituciones comunitarias en la zona de San Calixto, al fondo de barrio San Remo. Mientras avanza la construcción de viviendas y galpones, Moya advierte que el Estado municipal, provincial y la Justicia “miraron para otro lado durante siete meses”.
Terrenos del Estado vendidos ilegalmente. Imagen: Captura de Video de Abel Moya.
Un terreno público convertido en negocio privado
Según relató Abel Moya, en abril apareció un hombre identificado como Marcelo Paz, quien habría cercado y loteado una hectárea que figura como propiedad del Estado. El denunciante aseguró que no es la primera vez que este individuo actúa de esa manera: “Ya vendió una plaza en barrio Nueva Esperanza. El Estado no hizo nada entonces, y ahora vuelve a hacerlo”.
El terreno denunciado es estratégico: cuando se urbanizó San Calixto —donde hoy viven más de 1.200 familias— quedó reservado para construir una plaza, un centro comunitario o una escuela primaria. Incluso, afirmó, hasta hace dos años existía un proyecto formal para levantar allí una institución educativa.
“Esto es del Estado y no se puede discutir”, señaló Moya, mostrando planos catastrales y documentación que acreditan la titularidad provincial.
Construcciones avanzadas y vecinos en riesgo de estafa
Mientras las denuncias duermen en oficinas públicas, la obra dentro del predio avanza. Moya mostró imágenes de postes, alambrados, cimientos y estructuras que se levantan a pesar de no contar con autorizaciones.
“Lamentablemente, a la gente que compró estos terrenos les tengo que decir que están siendo estafados”, advirtió.
Según los vecinos, los lotes se estarían vendiendo entre 20 y 40 millones de pesos, un precio tentador en una ciudad donde acceder a un terreno formal es cada vez más difícil.
Moya explicó que quienes adquieran esos lotes jamás podrán escriturarlos:
“Todos los terrenos destinados a espacios públicos tienen catastro cero. Si el vendedor no puede mostrar un número de cédula parcelaria, ahí se van a dar cuenta de que fueron engañados”.
Falla del Estado municipal, provincial y de la Justicia
El referente barrial fue contundente: “Aquí está fallando la Municipalidad de Salta, el Estado provincial y la Justicia”.
Enumeró una serie de omisiones que, según él, facilitaron el avance de la maniobra:
1. Falta de inspección municipal
Cualquier obra legal debe presentar permisos, planos, factibilidades y un acta de inicio. Sin eso, no es posible abrir calles, conectar agua, cloacas o solicitar electricidad.
Sin embargo, las construcciones del predio denunciado ya están conectadas de manera clandestina:
“Se colgaron de la luz, se conectaron al agua y a la cloaca sin autorización. Y nadie inspecciona nada”, dijo Moya.
2. Conexiones ilegales a servicios públicos
Aunque el loteo no cuenta con aprobación, la zona ya dispone de infraestructuras preexistentes: agua, cloacas y gas natural a 100 metros. Esa disponibilidad hace aún más atractiva la operación fraudulenta.
3. Inacción judicial
La denuncia penal fue presentada hace siete meses.
Sin embargo, el expediente no avanza.
Moya dijo que el fiscal de la causa —de la Fiscalía Nº 3, con sede en Limache— ni siquiera responde los pedidos de información del propio Fiscal de Estado:
“Es algo loco. ¿Cómo puede ser que el fiscal no le dé información al Estado para actuar?”
El referente barrial también cuestionó el mal trato en los juzgados y la falta de respuestas:
“La justicia es un desastre. Uno va y lo tratan como si uno fuera el delincuente”.
Un proyecto comunitario que quedó frenado
El terreno en disputa ya tenía un proyecto vecinal presentado ante Tierra y Bienes del Estado:
un complejo polideportivo y cultural que beneficiaría a más de 250 chicos de escuelitas de fútbol, básquet y vóley, además de equipos de veteranos de la zona.
“Los barrios de San Remo y alrededores —más de 27— no tienen un solo espacio institucional ni un espacio verde. Este predio es vital para toda la comunidad”, remarcó Moya.
También recordó la importancia educativa del lugar, donde cada ciclo lectivo las familias enfrentan dificultades para conseguir vacantes por falta de jardines, pre-jardines y escuelas.
“Si mañana alguien cerca la Plaza 9 de Julio, ¿también van a mirar para otro lado?”
Con esa frase, Moya sintetizó la gravedad del precedente que podría marcarse si el Estado no actúa.
“Un particular se apropió de tierras del Estado, las alambró, las loteó, las vende y encima se está haciendo millonario. Y el Estado bobo mira para otro lado”, criticó.
El dirigente barrial pidió una acción urgente del gobernador y del intendente:
“Deben ordenar a sus funcionarios que actúen de inmediato. No pueden convalidar un delito por inacción”.
También advirtió que los funcionarios que no intervengan están incurriendo en incumplimiento de los deberes de funcionario público, delito penado por ley.
Un llamado urgente a detener la estafa
Moya concluyó con un mensaje directo:
“Hay gente que fue estafada, hay gente que puede perder sus ahorros y un barrio que va a perder un espacio fundamental para los chicos y los adultos. Esto no puede seguir así”.
