19/02/2026.- Salta al Instante.– Foto portada: Ilustrativa. Web.
El Antonio Marocco, en su rol de vicegobernador y presidente del Senado de la Provincia de Salta, confirmó que la Cámara alta provincial será convocada a una sesión extraordinaria el jueves 26 de febrero con dos asuntos que quedaron definidos como prioritarios para la administración pública y el sistema judicial provincial: el tratamiento del decreto que establece el narcotest obligatorio para funcionarios de los tres poderes del Estado y la aprobación de los pliegos para completar la integración de la Corte de Justicia de Salta con los candidatos Martín Plaza y Martín Diez Villa.
La iniciativa para incluir controles toxicológicos obligatorios en la actividad pública tiene un antecedente reciente: el gobernador Gustavo Sáenz firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que impone exámenes toxicológicos a todas las personas que ejerzan cargos en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Salta, así como en organismos de control y municipios, con la intención declarada de “garantizar idoneidad, aptitud moral y transparencia en la función pública”.
La medida de control, que viene generando debate en distintos sectores de la sociedad y el ámbito político, requiere ahora el aval legislativo para convertirse en norma con rango definitivo. Ese decreto —respaldado en la Legislatura provincial y por legisladores como la diputada Laura Cartuccia, quien describió la iniciativa como un paso para “fortalecer la credibilidad política” y asegurar la responsabilidad de los encargados de gestionar los destinos públicos— generó pronunciamientos a favor y en contra desde su firma.
El narcotest obligatorio para funcionarios fue impulsado como respuesta a reclamos sociales por mayor transparencia en la política y en un contexto donde la discusión sobre consumo de sustancias y el rol institucional se volvió un eje de debate más amplio. Además de Salta, otras provincias como Santa Fe y San Luis ya aplican medidas similares, con exámenes periódicos y sorpresivos para funcionarios de distintos niveles, como parte de políticas de control interno del Estado.
En la sesión extraordinaria, además del debate sobre el régimen de controles toxicológicos, la Legislatura salteña abordará la ratificación de los candidatos propuestos por el Ejecutivo para integrar el máximo tribunal provincial, lo que garantizaría la continuidad del funcionamiento de la Corte de Justicia de Salta, un punto que fuentes parlamentarias calificaron como clave para la gobernabilidad institucional.
La convocatoria del Senado pone en evidencia una agenda legislativa que mezcla cuestiones de transparencia, control y estructura judicial, en un ambiente político salteño que viene marcado por tensiones y discusiones sobre el rol del Estado, su apertura al escrutinio público y la manera en que sus instituciones enfrentan desafíos de percepción ciudadana y eficacia institucional.
