27/02/2026.- Salta al Instante.- Por Gaby Pachteng.- Foto portada: Gustavo Sáenz, gobernador de la Provincia de Salta. Imagen: Web.
En una movida que sacudió la escena política salteña, la Cámara de Senadores aprobó ayer por unanimidad el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 32/26, que obliga a todos los funcionarios públicos de Salta —desde el gobernador hasta concejales y magistrados— a someterse a exámenes toxicológicos sorpresivos para detectar consumo de drogas, en una provincia donde la lucha contra el narcotráfico ya desvela a dirigentes y ciudadanos. La sesión encabezada por el vicegobernador Antonio Marocco terminó con media sanción, y el régimen ya rige sin necesidad de pasar por Diputados.
La norma, impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz tras el fracaso de un proyecto similar en la Legislatura, fue presentada como una respuesta de “transparencia institucional” y exigencia de “aptitud moral y física” para el ejercicio de cargos públicos. Pero más allá del discurso de rigor, lo que dejó a muchos sin dormir fue el debate que abrió —y no cerró— sobre la hoja de coca y sus implicancias culturales y jurídicas en Salta.
En el centro del huracán, el senador Walter Cruz de Iruya sacudió la sesión con una advertencia que pocos esperaban: lo que se busca sancionar con el narcotest podría erróneamente alcanzar a quienes practican el coqueo, el tradicional consumo de hoja de coca propio de comunidades indígenas, defendido por generaciones como alimento, medicina y símbolo cultural. Cruz denunció que sin precisión técnica la norma podría criminalizar costumbres ancestrales amparadas por la Ley Nacional del Coqueo (Ley 23.737), lo que disparó un debate jurídico y de derechos humanos que todavía no tiene respuesta clara.
Mientras el oficialismo celebraba el avance, la aprobación expuso también fisuras en la letra chica del decreto. El DNU dispone controles sorpresivos con “test rápidos homologados” y establece contrapruebas y cadena de custodia en caso de resultados positivos, pero no define con claridad qué metodologías se usarán ni cómo se evitarán falsos positivos que podrían afectar a quienes hayan masticado hojas de coca sin haber consumido cocaína como droga de abuso. La falta de definiciones técnicas alimentó un debate abierto, con varios senadores reclamando reglamentación urgente y detallada antes de aplicar la norma en el terreno.
El senador Roque Cornejo, lejos de oponerse a la iniciativa, cuestionó la convocatoria a sesiones extraordinarias mientras hay “emergencias sociales más urgentes”, y advirtió que el decreto “tal como está no se puede aplicar” sin reglamentaciones precisas.
La aprobación llegó en medio de una escalada política que se remontaba a meses atrás, cuando el diputado provincial Juan Esteban Romero presentó sin éxito un proyecto similar en la Cámara de Diputados y acusó a sus pares de corporativismo por bloquear el tratamiento sobre tablas. Romero incluso se había sometido voluntariamente a un narcotest para dar ejemplo, pero su iniciativa quedó estancada en comisión y terminó siendo reemplazada por el DNU firmado por Sáenz.
La medida también recibió respaldos desde sectores internos del oficialismo. La diputada Laura Cartuccia la calificó como un “proceso histórico” para restaurar la credibilidad política en la provincia, comparando la iniciativa con otras reformas como la “Ficha Limpia”. Sin embargo, la ausencia en la firma del decreto de figuras clave en prevención y tratamiento de adicciones, como la coordinadora interministerial Alba Quintar, generó cruces internos y cuestionamientos sobre la seriedad del enfoque técnico frente a un tema tan delicado.
La realidad social de Salta, con decomisos recientes de cocaína y hojas de coca en rutas y fronteras que colocan a la provincia como corredor estratégico del narcotráfico en el norte argentino, nutre la urgencia política de medidas como el narcotest. Pero la implementación práctica promete más controversias: desde técnicos que alertan sobre la imposibilidad de distinguir el coqueo cultural de un consumo problemático en ciertos análisis, hasta juristas que ya anticipan posibles recursos judiciales por afectación de derechos individuales.
El narcotest, entonces, no solo marca un antes y un después en las exigencias para la dirigencia pública salteña, sino que también inaugura una nueva etapa de confrontación política, cultural y legal. Y mientras los legisladores preparan la reglamentación, la sociedad empieza a preguntarse si lo que se aprobó ayer será realmente una herramienta de control ético o un instrumento que terminará enfrentando a la provincia con sus propias raíces y tradiciones.
