25/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Legislatura de Salta. Imagen: Wikipedia.
En Salta no solo se discute la inflación y la crisis económica: la escena política se encendió con un debate insólito y explosivo en la Cámara de Senadores provincial. Este jueves, en una sesión extraordinaria convocada por el vicegobernador y presidente del Senado, Antonio Marocco, los legisladores tendrán sobre la mesa un proyecto que parece sacado de una película: el narcotest obligatorio para todos los funcionarios públicos. Esa medida, impulsada por el propio gobernador Gustavo Sáenz, se volvió el eje de una grieta social y política en plena Salta de 2026.
La propuesta no es un detalle menor: busca obligar a todos los funcionarios provinciales —del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial— y también a autoridades municipales a someterse a exámenes toxicológicos como requisito para asumir o permanecer en funciones públicas. Según explicó el senador Manuel Pailler (por San Martín), la idea es garantizar que “no se salva nadie”: el narcotest —que incluye: rinoscopía, análisis de sangre y contrapruebas en laboratorios habilitados— se aplicará de forma generalizada y obligatoria si el DNU es convalidado. Pailler incluso recordó que el gobernador Sáenz fue el primero en someterse a ese control cuando presentó la medida.
La discusión, que divide opiniones hasta dentro del propio oficialismo, deriva en preguntas incómodas: ¿el narcotest es un gesto de transparencia para recuperar la confianza pública, o un circo mediático para sacarse fotos mientras la narcocriminalidad sigue golpeando en las rutas y barrios de la provincia? En Salta —como en varias partes del país— los incautamientos recientes lo ponen en evidencia: en controles de Gendarmería en El Algarrobal y El Naranjo, pruebas de campo con narcotest arrojaron positivos para cocaína en 34 kilos y otros 7 kilos más, mientras se detenía a personas vinculadas al traslado de estupefacientes.
La fecha de la sesión —26 de febrero— fue fijada por Marocco con la intención de combinar este debate con temas institucionales de peso, como la designación de nuevos jueces de la Corte de Justicia de Salta. Pero en los pasillos legislativos se dice que pocos temas generan más ruido que el narcotest: algunos lo ven como un gesto de responsabilidad institucional, otros como una distracción política que no atiende el problema de fondo.
En esta provincia fronteriza donde operativos antidrogas muestran que la ruta del narcotráfico —desde Orán hacia otros puntos del país— sigue activa y las fuerzas federales desarticulan cargas de cocaína con narcotest positivos, el debate en el Senado sobre funcionarios es tan simbólico como polémico. La medida del gobierno de Sáenz, que ya generó expectativa y rechazo en distintos sectores, podría terminar marcando una foto fuerte de control social y político —o el inicio de un nuevo frente de choque dentro del propio oficialismo provincial.
