07/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa.
“¿Me vas a denunciar? Vas a aprender quién soy yo y quién sos vos”. La frase no es una excepción ni un exabrupto: es la regla no escrita que gobierna la violencia sexual dentro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Un sistema vertical, cerrado y masculinizado donde el poder protege al agresor y castiga a la víctima.
Un informe demoledor de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) reveló que el 96% de los abusadores ocupaba cargos jerárquicos superiores y que casi todas las víctimas eran mujeres en rangos bajos o medios. La desigualdad no es un contexto: es el arma.
El estudio, que analizó 23 casos ocurridos entre 2011 y 2023, expone una práctica sistemática de abuso, encubrimiento y represalia. Los agresores, en promedio, tenían 16 años más que las denunciantes y usaron la cadena de mando como mecanismo de coerción. El mensaje fue siempre el mismo: “Si hablás, se termina tu carrera”.
La fiscal Mariela Labozzetta fue tajante: “La impunidad genera más impunidad. Cuando no hay consecuencias para los agresores, lo que ocurre es la expulsión de las víctimas”. En lugar de justicia, las fuerzas aplican disciplina. En lugar de protección, castigo.
Violencia que se prolonga durante años
El informe desarma el mito del “caso aislado”. El 60% de los abusos fueron sostenidos en el tiempo, algunos durante hasta siete años. Todo empieza con insinuaciones, comentarios, presiones “sutiles”. Después escala. Y cuando se vuelve abuso, ya nadie escucha.
Frases como “nada es gratis acá” o “acá hay varios que queremos embarazarte” aparecen una y otra vez en los testimonios. No son deslices: son avisos. Advertencias de un sistema que naturaliza el abuso y lo administra como método de control.
El 80% de los hechos se cometió aprovechando la asimetría jerárquica. El poder fue el escenario y la herramienta. En instituciones donde los hombres mandan y las mujeres obedecen, denunciar equivale a desafiar al mando.
Denunciar es pagar el precio
El 74% de las víctimas intentó primero denunciar por vía interna. La respuesta fue el silencio, la dilación o la represalia. En promedio, pasaron cuatro meses hasta que lograron llegar a la Justicia penal. Para entonces, el daño ya estaba hecho.
Trece mujeres debieron pedir licencias, diez fueron reubicadas, varias pasaron a funciones pasivas. Apenas cuatro agresores fueron expulsados. En algunos casos, el absurdo fue total: trasladaron a la víctima “para cuidarla” y dejaron al abusador en su puesto de poder.
El mensaje institucional es brutal y efectivo: denunciar es denunciarse.
Justicia lenta, castigo selectivo
Solo el 30% de las causas avanzó hasta juicio o sentencia. El resto duerme en instrucción. Hay expedientes que llevan más de ocho años sin resolución. Mientras tanto, los agresores siguen mandando, se jubilan o ascienden. Las víctimas cargan con el estigma.
“Denunciar en estas instituciones es romper un pacto de silencio”, sintetizó Labozzetta. “Cada testimonio es un acto de resistencia”.
La UFEM intervino en más de la mitad de los casos para aportar protocolos especializados que muchas fiscalías federales no tienen. Aun así, el sistema judicial avanza a paso lento frente a un aparato institucional diseñado para protegerse a sí mismo.
Licencias psiquiátricas: el castigo encubierto
La Defensoría General de la Nación alertó sobre otro mecanismo de expulsión silenciosa: las licencias psiquiátricas. En lugar de aplicar licencias por violencia de género, las instituciones empujan a las víctimas a salidas médicas que las estigmatizan, afectan su salario y destruyen su carrera.
“La violencia no termina con la denuncia”, advirtieron desde la Defensoría. “Empieza la violencia institucional”.
Reuniones con el agresor, interrogatorios humillantes, presiones para desistir, amenazas veladas. En un caso extremo, una suboficial fue sentada frente a su abusador, que la amenazó con denunciarla por falso testimonio. Todo avalado por la cadena de mando.
Un sistema que protege al poder
Pese a la existencia de protocolos y oficinas de género, la mayoría no se aplica. Las denunciantes no conocen los mecanismos de protección o nunca se activan. La regla sigue siendo la misma: omisión, demora y revictimización.
Cuando las áreas especializadas intervienen, el escenario cambia. Pero son la excepción. No la norma.
El informe deja una conclusión imposible de esquivar: en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, la violencia sexual no es un desvío. Es un problema estructural. Y mientras el poder siga blindado por el silencio, hablar seguirá siendo un acto de riesgo extremo.
