18/02/2026.- Salta al Instante.- Por Gaby Pachteng.-Foto portada: El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, haciendo lo opuesto a lo que predica. Imagen: Web.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se convirtió nuevamente en el epicentro de un escándalo político de enorme envergadura al avanzar con la firma de un contrato de alquiler por un total de $720 millones de pesos para ubicar la sede operativa de su cartera en pleno microcentro porteño, contraviniendo de manera flagrante las políticas oficiales que pregonan la reducción de erogaciones en inmuebles estatales.
La operación, firmada el 30 de noviembre de 2025, contempla la renta de cuatro pisos (3°, 4°, 5° y 6°) más 24 cocheras en el edificio de la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788, en pleno corazón de la Diagonal Norte, con un canon mensual de $60 millones ($15 millones por piso), según consta en la orden de compra que firmó el propio Sturzenegger.
Este contrato, gestionado a través de una contratación directa por adjudicación simple con una sola oferente —la firma OTOBA S.A.—, fue presentado en el expediente como “admisible y económicamente conveniente”, lo que no detuvo las críticas por el enorme gasto en un momento en que el Gobierno nacional impulsa su programa denominado “Alquiler Cero”, destinado a eliminar y reducir costos locativos del Estado.
Las cifras son tan llamativas como contradictorias respecto a la retórica oficial: la suma anual de $720 millones equivale, según la documentación, a unos USD 480.000 al tipo de cambio oficial de referencia; mientras que los pagos mensuales por los pisos y cocheras rondan la equivalencia de USD 40.000. Además, el pliego aclara que las expensas ordinarias, la electricidad, el gas y otros consumos correrán por cuenta del propio Estado, lo que implica que el costo final para el erario público puede superar ampliamente las cifras oficiales difundidas.
La revelación de este millonario contrato se produce en un contexto de fuerte cuestionamiento político: el Gobierno de Javier Milei se jacta de políticas de austeridad y recortes en erogaciones locativas, destacando la supresión de alquileres y cocheras en varias dependencias estatales bajo el paraguas de la Secretaría de Trabajo, a cargo de Sandra Pettovello. Sin embargo, la decisión de Sturzenegger evidencia una contradicción insalvable entre las promesas de gestión y la práctica administrativa.
Apenas días antes, otro frente de críticas había alcanzado al ministro con la revelación de un millonario contrato de la Cancillería con una entidad dirigida por su esposa, María Josefina Rouillet, quien encabeza la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI). Ese acuerdo, valuado en más de $114 millones de pesos, también fue denunciado formalmente ante la Justicia por presunta omisión de publicación y posibles conflictos de interés, elevando aún más la presión política sobre Sturzenegger.
En la arena política, las críticas cruzan las fronteras del oficialismo: sectores opositores y amplios sectores del peronismo y sindicalismo han señalado que estas maniobras no solo contradicen las promesas de austeridad, sino que representan una muestra del doble discurso de la gestión de Milei y sus ministros, con un gasto público que —según sus críticos— no se condice con la realidad económica que afronta la población.
El contrato de alquiler en pleno microcentro porteño no solo golpea la narrativa oficial, sino que abre un frente político que podría tensar aún más las relaciones internas del oficialismo y profundizar crisis de credibilidad sobre las políticas de “austeridad” que proclama el Gobierno.
