19/02/2026.- Salta al Instante.– Foto portada: Sturzenneger y Milei. Imagen: Redes Sociales.
La Justicia Federal quedó esta semana en el centro de un escándalo que promete no cerrarse con un simple expediente en un cajón. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, acusado de “asociación ilícita” en una denuncia penal presentada por la senadora nacional por Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, fue protagonista de un fin de semana caliente en la política nacional. La denuncia, impulsada ante los tribunales federales, lo señaló junto a otros funcionarios por la presunta comisión de delitos como defraudación contra la administración pública y encubrimiento en el marco de una contratación millonaria de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa vinculada directamente a su entorno familiar, lo que desató una andanada de críticas cruzadas, pedidos de informes y nuevas investigaciones que reavivan el debate sobre ética y transparencia en la administración pública.
El caso pone en el centro de la escena un contrato adjudicado por la Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, liderado por Pablo Quirno, por más de 114 millones de pesos, para la provisión de cursos de inglés al personal diplomático a través de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa. Lo que podría haber sido un trámite administrativo más se convirtió en un escándalo cuando se supo que la entidad está presidida por María Josefina Rouillet, esposa de Sturzenegger, y que el contrato fue realizado sin licitación, mediante una adjudicación directa.
Más allá del monto y la modalidad de contratación, el meollo de la denuncia presentada por Di Tullio ante la Justicia Federal reside en la presunta omisión de publicación de documentación clave en el sitio de la Oficina Anticorrupción (OA), un requisito exigido por el Decreto 202/2017 cuando un funcionario tiene vínculos familiares con beneficiarios de contratos estatales. Según los denunciantes —abogados de la agrupación RESET Republicano—, esa omisión habría impedido la transparencia del procedimiento y abierto la puerta a una negociación incompatible con la función pública. Junto a Sturzenegger y Quirno, la denuncia incluye a la subsecretaria de Coordinación y Administración Exterior de Cancillería, María Cristina Dellepiane, y a altos funcionarios de la OA y la Dirección Nacional de Ética Pública, por su presunta responsabilidad en la falta de difusión pública de la situación.
Los detalles del caso muestran que, si bien en los documentos oficiales se consignó la existencia de un “vínculo positivo” entre Sturzenegger y Rouillet —y se informó a la oficina de control y a la Sindicatura General de la Nación—, a la fecha de la denuncia esa información no figuraba publicada en los registros públicos correspondientes, lo que según los denunciantes violaría disposiciones expresas de transparencia. La presentación judicial encuadra los hechos, en principio, en los artículos 248 y 265 del Código Penal, que sancionan el incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, respectivamente.
El clima político no se limitó a las puertas de Comodoro Py. En el Congreso, la diputada nacional Roxana Monzón presentó un proyecto de resolución para exigir al Poder Ejecutivo que remita “en forma urgente y detallada” toda la documentación vinculada al expediente de la contratación, reclamando transparencia y acceso a la normativa aplicable y los fundamentos técnicos que habilitaron la adjudicación directa. El pedido legislativo pone presión adicional sobre el oficialismo, que ya intenta contener una polémica que se expande más allá de los despachos ministeriales.
La polémica también tuvo respuesta pública por parte del canciller Quirno y hasta del presidente Javier Milei, que defendieron la legalidad de la contratación y aseguraron que “no hay absolutamente ninguna irregularidad”, argumentando que se cumplieron todos los procedimientos de control, incluso con la participación de la OA y la SIGEN en la supervisión del proceso. Pero esas explicaciones no lograron apagar el escándalo, que se expandió en medios y redes bajo la consigna que ya algunos denominan “SturzeGate”, un caso que combina contrataciones públicas, vínculos familiares y acusaciones de falta de transparencia en pleno corazón del gobierno libertario.
En contraste con la retórica oficial de austeridad, eficiencia y lucha contra la “casta”, la adjudicación millonaria a una entidad vinculada a la familia de un ministro abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre cómo se aplican esos principios en los hechos. Más aún cuando, en paralelo, la gestión de Sturzenegger enfrenta otras críticas internas —como contratos exorbitantes para mudanza de ministerios o alquileres de lujo para oficinas— que alimentan la narrativa de una administración que predica ajuste mientras despliega recursos públicos en decisiones polémicas.
El expediente iniciado por Di Tullio seguirá su curso en los tribunales federales, pero el impacto político ya se siente en la arena pública: una vez más, una figura clave del gobierno libertario se ve obligada a dar explicaciones mientras la oposición y la sociedad interrogan los límites éticos de la gestión.
