17/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Imagen: Web.
El escándalo político y judicial que sacude al gobierno de Javier Milei tiene un nuevo protagonista: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Esta semana, dos abogados —José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio— presentaron una denuncia penal ante la Cámara Criminal y Correccional Federal contra Sturzenegger por una supuesta omisión en la publicación de información obligatoria vinculada a un contrato estatal que benefició a la entidad presidida por su esposa, María Josefina Rouillet. La acusación encuadra los hechos en posibles delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, lo que abrió una grieta política en el corazón del oficialismo.
Según la documentación a la que accedieron diversos medios y la propia denuncia, la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior de la Cancillería Argentina, bajo la órbita del ministro Pablo Quirno, dictó el 19 de enero de 2026 la Disposición 21/2026 (DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE) que adjudicó a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) un contrato por $114.044.133 con IVA incluido para dictar cursos de idioma inglés dirigidos al personal diplomático en el marco del Plan Estratégico de Capacitación 2025-2027. El contrato, con una duración de nueve meses y opción de prórroga por igual período, fue adjudicado bajo la figura de Adjudicación Simple por Especialidad.
Lo que desató el conflicto es que la AACI está encabezada por María Josefina Rouillet, quien se desempeña desde al menos septiembre de 2020 como directora ejecutiva de la asociación y, además, es esposa de Sturzenegger. La propia disposición oficial reconoció un “vínculo positivo” entre Rouillet y el ministro Sturzenegger en la Declaración Jurada de Intereses, lo que activó, en teoría, los mecanismos de integridad previstos en el Decreto 202/2017 que regula las contrataciones públicas cuando existe un posible conflicto de interés.
Sin embargo, según la presentación judicial, al consultar el buscador de “Casos informados a la Oficina Anticorrupción (OA)” el 15 de febrero de 2026, no figuraban registros sobre la recepción de la declaración jurada correspondiente al caso, lo que —afirman los denunciantes— implicaría una omisión en un requisito central de transparencia. Para los abogados, esta falta podría configurar un incumplimiento del deber de funcionario público (artículo 248 del Código Penal) y una negociación incompatible con el ejercicio de funciones públicas (artículo 265). También pidieron investigar si otro contrato similar entre las mismas partes en 2024 correspondía actualizar la declaración jurada conforme a la normativa y si ello fue publicado.
La denuncia fue motivada en parte por la difusión periodística de la adjudicación y ya trascendió el ámbito judicial para alcanzar la arena política. Senadores nacionales de Unión por la Patria (UP), entre ellos la líder del interbloque, Juliana Di Tullio, anunciaron que presentarán una denuncia formal en los tribunales de Comodoro Py contra Sturzenegger y su esposa por considerar “irregular” la contratación. La legisladora sostuvo que el expediente y el vínculo plantean dudas sobre la imparcialidad del proceso y la integridad de los mecanismos de control.
Frente a la creciente polémica, el canciller Pablo Quirno negó irregularidades y salió a despegar a su cartera del conflicto. A través de sus redes sociales, Quirno aseguró que el contrato con la AACI no implicó ninguna falta, que es una contratación que la Cancillería mantiene “desde 2018” y que, al haberse detectado el vínculo familiar, se activaron los mecanismos previstos de intervención de la OA y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para garantizar transparencia. Quirno llegó incluso a responder textualmente a críticas vinculadas con un medio periodístico nacional, defendiendo el proceso.
El caso dejó al descubierto un entramado de contrataciones estatales que, sin ilegalidades comprobadas en los informes oficiales, atraviesa la política argentina en un momento en que el oficialismo intenta consolidar su narrativa de transparencia y choque con mecanismos tradicionales de control. Ahora será la Justicia federal la que deba determinar si las acusaciones contra Sturzenegger y otros funcionarios responden a una violación de las normas de ética pública o si las contrataciones se ajustaron a derecho bajo los procedimientos previstos.
