9/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Dr. Pablo Tort. Imagen: Ilustrativa. Web/IA.
En el programa Qué Parte No Entendiste???, conducido por Mabel Corrales, el abogado Pablo Tort analizó el alcance de la medida cautelar dictada por la Justicia nacional que suspendió provisoriamente más de 80 artículos de la llamada ley de modernización laboral, impulsada por el Gobierno nacional.
Durante la entrevista, Tort explicó que la suspensión fue dictada por un tribunal nacional a cargo del juez Ojeda, luego de una presentación realizada por la CGT. Según señaló, se trata de una medida cautelar que no resuelve aún el debate de fondo sobre la constitucionalidad de la reforma, sino que detiene temporalmente la aplicación de los artículos cuestionados.
“La medida cautelar lo que hace es suspender provisoriamente sus efectos hasta que se resuelva si son constitucionales o no”, explicó el abogado.
Esto implica que, mientras se mantenga vigente la cautelar, las relaciones laborales deberán regirse por el marco normativo anterior. En términos prácticos, indicó Tort, esto significa que vuelve a aplicarse la Ley de Contrato de Trabajo vigente antes de la sanción de la reforma.
“Para cualquier situación de contratación de trabajo o eventual planteo judicial respecto de una situación laboral, se rige el marco normativo anterior”, detalló.
La suspensión judicial alcanza a más de 80 artículos de la reforma laboral. Sin embargo, el abogado remarcó que se trata de una decisión provisoria que no define todavía la constitucionalidad de la ley. Ese debate, advirtió, podría extenderse durante un largo tiempo en los tribunales.
En ese contexto, el Gobierno nacional ya presentó una apelación contra la medida. Si esa apelación no prospera, el caso podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Durante el debate público también se mencionó la posibilidad de recurrir al per saltum, un mecanismo que permitiría llevar el caso directamente al máximo tribunal sin atravesar las instancias intermedias. Sin embargo, Tort explicó que se trata de una herramienta excepcional que requiere justificar una situación de gravedad institucional.
“El procedimiento ordinario es apelar primero y luego plantear la eventual inconstitucionalidad para acceder a la Corte Suprema”, señaló.
El juez que dictó la cautelar consideró, en un análisis preliminar, que varios de los artículos cuestionados podrían entrar en conflicto con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, además de tratados internacionales firmados por la Argentina en materia de derecho laboral.
Por ese motivo, la Justicia decidió suspender provisoriamente la aplicación de la norma desde el 31 de marzo, hasta que se resuelva el planteo judicial.
Uno de los puntos que genera mayor debate es qué sucede con las relaciones laborales que se produjeron entre el 6 de marzo, fecha de publicación de la ley, y el 30 de marzo, antes de que la cautelar comenzara a regir.
Según explicó Tort, ese período intermedio es el que probablemente genere mayor cantidad de conflictos judiciales.
“Si en ese marco se pactaron cláusulas en inferioridad de condición a lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo, el trabajador puede reclamar”, indicó.
Lo mismo ocurre con las indemnizaciones pagadas bajo ese marco normativo. Si resultan inferiores a las que corresponderían bajo la legislación anterior, los trabajadores podrían cuestionarlas judicialmente.
La medida cautelar también restablece el régimen previo en materia de derechos colectivos, como la posibilidad de realizar medidas de fuerza o huelgas sin sanciones.
En paralelo al debate judicial, Tort señaló que la conflictividad laboral viene en aumento. La mayor cantidad de despidos y desvinculaciones está generando un incremento de litigios laborales, sumado a los numerosos planteos de inconstitucionalidad contra la Ley Bases y contra la propia reforma laboral suspendida.
“La litigiosidad, lejos de mermar, ha aumentado”, afirmó.
Según explicó, esta situación genera un escenario de fuerte incertidumbre jurídica. En la práctica, señaló que uno de los principales problemas en los juicios laborales actuales es la falta de criterios unificados respecto de las tasas de interés aplicadas a las indemnizaciones.
Mientras algunos tribunales aplican tasas del Banco Nación, otros recurren a criterios establecidos en el Código Civil y Comercial, y en algunos casos se utilizan combinaciones de tasas activas y pasivas en distintas etapas del proceso.
Esta falta de uniformidad provoca diferencias significativas en los montos finales de las indemnizaciones.
“El problema más grande que tenemos actualmente en la práctica es la falta de claridad respecto de la tasa de interés que se aplica”, explicó.
El abogado también advirtió que, en muchos casos, llevar adelante un juicio laboral puede implicar una pérdida económica para el trabajador debido a los bajos niveles de interés aplicados en los procesos judiciales.
En ese contexto, la Secretaría de Trabajo de la provincia de Salta continúa funcionando como instancia conciliatoria para resolver conflictos laborales antes de llegar a juicio. Sin embargo, el aumento de la conflictividad también impacta en el funcionamiento de ese organismo.
“Tiene un régimen conciliatorio muy apto, pero está un poco colapsada por el volumen de conflictos”, explicó Tort.
Según señaló, el aumento de despidos, el cierre de empresas y la crisis económica generaron un fuerte incremento de reclamos laborales que está saturando el sistema.
Aun así, el abogado sostuvo que la instancia administrativa sigue siendo una vía recomendable para intentar resolver los conflictos laborales antes de recurrir a la Justicia.
Durante el cierre de la entrevista, Mabel Corrales destacó la importancia de comprender estos cambios legales que afectan directamente a trabajadores y trabajadoras.
Por su parte, Pablo Tort advirtió que el proceso judicial recién comienza y que el debate sobre la reforma laboral y su constitucionalidad continuará en los tribunales. “Esto recién empieza, tenemos para mucho más”, concluyó.
Con información de Mabel Corrales y Qué Parte No Entendiste???
