14/11/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Romina Balverdi. Imagen: Redes Sociales.
Romina Balverdi, de 39 años, obtuvo el arresto domiciliario después de permanecer detenida por la muerte de Roberto Mario “Titino” Barraza. Su defensa sostiene que actuó en legítima defensa tras casi dos décadas de violencia física y psicológica. En Salta existen antecedentes judiciales que reconocieron este contexto en casos similares.
Romina Balverdi, de 39 años, obtuvo este viernes la prisión domiciliaria después de permanecer detenida por la muerte de su expareja, Roberto Mario “Titino” Barraza, de 58 años. El hombre recibió una puñalada en el pecho durante un enfrentamiento ocurrido el lunes 9 de noviembre en Tartagal.
El abogado defensor, Rambert Ríos, sostiene que la mujer actuó en legítima defensa después de casi 18 años de violencia física y psicológica. Según su planteo, Balverdi había pedido ayuda en reiteradas oportunidades y denunciado las agresiones que sufría durante la relación.
La decisión judicial llegó después de varios días de reclamos de familiares y organizaciones de mujeres. Durante la mañana del viernes, una de las hermanas de Romina se encadenó a las rejas de la Ciudad Judicial de Tartagal para exigir su liberación.
Finalmente, la medida de fuerza terminó con el anuncio del arresto domiciliario. “Después de una larga lucha (…) se ha logrado la domiciliaria”, comunicó Ríos.
Sin embargo, la resolución no significa que Romina haya sido sobreseída ni que se haya resuelto su situación procesal. La investigación por la muerte de Barraza continúa a cargo del fiscal penal Rafael José Medina.
El abogado apuntó contra funcionarias judiciales
Al conocerse la resolución, Ríos cuestionó el accionar de las funcionarias judiciales que intervinieron en las denuncias anteriores de Balverdi por violencia de género.
“En tres días se hizo lo que no se hizo en 18 años”, expresó el abogado, en referencia a la rapidez con la que se resolvió el pedido de arresto domiciliario frente a los años de reclamos que, según sostiene, realizó la mujer.
Ríos apuntó contra la fiscal Lorena Martínez, la jueza Elba Susana Menéndez y la defensora oficial Andrea Valeria Magadán. Las responsabilizó por la falta de respuestas ante los pedidos de ayuda de Balverdi y anunció que impulsará pedidos de jury.
“Yo no tendría que estar acá pidiendo justicia por ella. Pero las voy a denunciar y les voy a pedir que se vayan a su casa. Ya mucho daño hicieron”, manifestó durante la protesta.
El defensor también describió la gravedad de las agresiones que, según su relato, sufría Romina. “Esta persona la ataba, la desnudaba y la golpeaba frente a sus hijos. Para él, ella era considerada un animal, un perro”, afirmó.
Y agregó: “Ella hace 18 años viene pidiendo ayuda, viene avisando que la estaban por matar”.
Casi dos décadas de violencia y cuatro hijos en común
Romina tenía 17 años cuando comenzó su relación con Barraza, quien era casi veinte años mayor que ella. Según relató Vanesa, hermana de la mujer, el hombre la llevó a su casa y no le permitió salir.
La familiar sostuvo que Balverdi padeció violencia durante más de dos décadas y que comenzó a realizar denuncias en 2019. También habría advertido al director de la escuela de sus hijos sobre los maltratos que sufrían los chicos y las lesiones que observaba en su hermana.
De acuerdo con su testimonio, la custodia policial que Romina había solicitado duró apenas 24 horas.
“Siempre mi hermana denunció y nunca se hizo nada”, cuestionó Vanesa.
La pareja tuvo cuatro hijos, actualmente de 18, 15, 13 y 10 años. Dos de ellos tienen autismo y la adolescente de 13 años también presenta retraso madurativo y TDAH, por lo que necesita asistencia permanente.
Según el relato familiar, los chicos tenían miedo de su padre, registraban situaciones de violencia y llamaban a sus tías cuando Barraza se acercaba. Uno de esos audios, en el que uno de los niños pide que protejan a su madre, se viralizó.
Cómo ocurrió el enfrentamiento en el que murió Barraza
Según la reconstrucción aportada por Vanesa, el 9 de noviembre Barraza fue a buscar a Romina a su domicilio y posteriormente a la casa de un familiar en Sachapera.
La mujer llamó al 911 y se trasladó a otra vivienda, pero su expareja la siguió. Allí se produjo el enfrentamiento en el que Barraza recibió la herida que posteriormente provocó su muerte.
Vanesa llegó minutos después y encontró a su hermana en estado de shock, con un cuchillo en la mano.
“No, no te acerques, porque él se va a parar y nos va a matar”, le habría advertido Romina.
La familia también cuestionó la demora en la llegada de los efectivos policiales y de la ambulancia. Según su versión, la Policía tardó aproximadamente media hora y el servicio sanitario una hora. Barraza murió pese a las maniobras de reanimación.
Los antecedentes judiciales de Salta sobre legítima defensa
El caso de Balverdi tiene como referencia tres antecedentes judiciales de Salta en los que se reconoció la importancia de analizar con perspectiva de género los hechos protagonizados por mujeres que mataron a sus parejas en contextos de violencia.
Uno de los precedentes más relevantes ocurrió en octubre de 2024, cuando la jueza de Garantías Claudia Puertas sobreseyó a Fabiana Villalva, investigada por la muerte de su pareja, José Manuel Álvaro Cáceres.
La mujer lo había herido de una puñalada mientras él la golpeaba. Durante la investigación se reunieron elementos sobre la violencia sistemática que sufría.
La defensa, ejercida por la abogada Sandra Bonari, exjueza de la Corte de Justicia de Salta, junto con Esteban Nieva Haro, solicitó el sobreseimiento por legítima defensa. El fiscal Gabriel González adhirió al planteo.
Puertas aplicó el artículo 34, inciso 6, del Código Penal, que establece que no es punible quien actúa en defensa propia cuando existe una agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado y falta de provocación suficiente.
La magistrada sostuvo que los requisitos de la legítima defensa deben analizarse con perspectiva de género y consideró que la violencia ejercida contra Villalva constituía una agresión ilegítima.
En su resolución también contempló que, en contextos de violencia de género, la amenaza puede tener un carácter permanente y no limitarse al momento exacto de la agresión física.
Otro antecedente se registró en agosto de 2021, cuando la Sala II del Tribunal de Impugnación confirmó la absolución de Ángela Beatriz Saravia por la muerte de su expareja, Luis Leonardo López.
Los jueces Pablo Arancibia y Rubén Arias Nallar rechazaron el recurso de casación presentado por el fiscal Ramiro Ramos Ossorio y concluyeron que la mujer había actuado en legítima defensa. Para llegar a esa decisión valoraron las lesiones que presentaba, las agresiones anteriores y la desigualdad física entre ambos.
El tercer caso ocurrió en mayo de 2025. En esa oportunidad, la Sala III del Tribunal de Impugnación revocó la condena a prisión perpetua impuesta a una mujer por la muerte de su pareja en Rivadavia Banda Sur.
Los jueces Eduardo Barrionuevo y Pablo Mariño entendieron que el tribunal de juicio no había considerado adecuadamente el contexto de violencia de género. Por eso modificaron la calificación legal a homicidio cometido con exceso en la legítima defensa y dejaron pendiente la determinación de la pena.
Los tres antecedentes muestran que la Justicia salteña ya reconoció la necesidad de evaluar los contextos de violencia de género al analizar hechos en los que mujeres mataron a sus parejas. Ahora, la investigación sobre Romina Balverdi deberá determinar las circunstancias de la muerte de Barraza y evaluar los argumentos de su defensa.
