29/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El jefe del Ejecutivo nacional, Javier Milei, puso en marcha una ofensiva política que sacude los cimientos del federalismo argentino: la intervención encubierta de la provincia de Tierra del Fuego, disfrazada como control portuario del Puerto de Ushuaia, pero que para el gobernador Gustavo Melella constituye una apropiación territorial y financiera inconstitucional.
La medida, firmada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y publicada en el Boletín Oficial, no sólo desplaza a las autoridades provinciales de la administración portuaria por un año: según la versión del gobierno provincial, es la puerta a una intervención federal encubierta que despoja de facto a Tierra del Fuego de su autonomía.
Melella no anduvo con vueltas: presentó una medida cautelar ante la Justicia Federal quitando legitimidad a la intervención y calificándola de “inconstitucional, carente de legitimidad y un avasallamiento directo al federalismo”. Para el mandatario fueguino, los argumentos oficiales —que hablaban de malversación de fondos, desvíos y riesgo operativo— son falsos y una excusa para tomar el control de una infraestructura estratégica sin consenso ni transparencia.
Lo que para la Casa Rosada es un supuesto “control administrativo” ante irregularidades, para Melella es una ocupación política disfrazada de técnica, un revés que amenaza con sentar un precedente peligroso: el Estado nacional puede intervenir y apropiarse de recursos provinciales sin consulta ni debate serio, bajo el manto de organismos descentralizados.
En su presentación judicial, el gobernador fue contundente: no hay desvíos de fondos ni malversación, “todo lo que ingresa al puerto se reinvierte y está auditado”, sostuvo, mientras acusó al gobierno nacional de montar una película institucional para justificar una intervención total de facto.
El conflicto escaló además hacia lo geopolítico. Melella vinculó la medida con el despliegue de intereses externos en la región y advirtió que la movida del Ejecutivo de Milei podría estar asociada a presiones estratégicas internacionales, particularmente de Estados Unidos, en el Atlántico Sur y la Antártida, terreno clave para recursos y soberanía.
La disputa judicial por Ushuaia no es un episodio aislado: refleja una tensión más amplia entre la Casa Rosada y los gobernadores sobre territorio, recursos y el significado real del federalismo en Argentina, y abre una grieta peligrosa que ya trasciende lo institucional para convertirse en un pulso político de alto voltaje.
