22/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Personal del Banco Nacional de Datos Genéticos. Imagen: Web.
El gobierno de Javier Milei terminó cediendo ante la intervención de la Justicia y anunció una ampliación presupuestaria millonaria para evitar el colapso del Banco Nacional de Datos Genéticos, el organismo clave para identificar a los bebés robados durante la última dictadura militar.
La decisión llegó después de que el juez federal Alejo Ramos Padilla dictara una medida cautelar obligando a la Casa Rosada a garantizar el funcionamiento del organismo, tras las denuncias de desfinanciamiento impulsadas por Abuelas de Plaza de Mayo.
El conflicto explotó cuando la directora técnica del banco genético, Mariana Herrera Piñero, advirtió que el organismo ya no podía seguir tomando muestras biológicas por falta de recursos, poniendo en riesgo investigaciones vinculadas a hijos e hijas de desaparecidos.
Tras la presión judicial y política, la Jefatura de Gabinete informó que destinará 590 millones de pesos adicionales para sostener el funcionamiento del organismo, una decisión que implica un reconocimiento explícito de la crisis presupuestaria denunciada durante meses.
El Gobierno, sin embargo, reaccionó con dureza contra la decisión judicial y acusó a Ramos Padilla de avanzar sobre facultades del Poder Ejecutivo, denunciando una supuesta violación a la división de poderes.
La causa también golpea políticamente al vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien fue intimado directamente por el magistrado para garantizar el funcionamiento del organismo.
Según consta en la presentación judicial, el Banco Nacional de Datos Genéticos atravesaba faltantes críticos de reactivos, insumos de laboratorio, mantenimiento técnico, limpieza, vigilancia y hasta problemas para conservar muestras biológicas almacenadas en heladeras y freezers.
El organismo fue creado en 1987 durante el gobierno de Raúl Alfonsín a pedido de las Abuelas y hoy conserva más de 32 mil muestras vinculadas a causas de apropiación de menores y desaparición forzada durante el terrorismo de Estado.
El caso volvió a exponer un fuerte choque entre el Gobierno libertario y sectores judiciales y de derechos humanos, en medio de crecientes cuestionamientos por el ajuste presupuestario sobre organismos públicos sensibles.
También quedaron involucrados el fiscal Pablo Parenti, el funcionario judicial Gonzalo Miranda, el secretario de Ciencia y Tecnología Darío Genua y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.
