11/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Federico Sturzenegger. Imagen: Web.
El gobierno de Javier Milei puso en marcha una ofensiva legislativa que, bajo el nombre de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, promete seguridad jurídica pero avanza sobre un terreno mucho más profundo: consolidar privatizaciones, flexibilizar la venta de tierras y limitar al extremo cualquier intento futuro de recuperación de recursos estratégicos. El proyecto ya está en discusión en el Congreso y expone un entramado donde negocios, territorio y poder político se entrelazan sin disimulo.
La escena que anticipa el trasfondo ocurrió el 7 de abril en Bariloche. En medio del juicio contra Ingrid Soledad Cayunao, integrante de la Lof Cayunao, el querellante Hugo Alberto Barabucci reconoció que compró catorce mil hectáreas en una zona de frontera con dinero proveniente de una donación no restituible del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. El campo —ubicado en las nacientes del río Chubut— había sido vendido por Marcos Marcelo Mindlin, uno de los empresarios energéticos más beneficiados por las políticas del gobierno de Milei.
La confesión encendió alarmas: la operación podría violar la Ley 26.737, que restringe la compra de tierras por extranjeros en zonas sensibles. La defensa pidió que se investigue. Pero si el proyecto oficial prospera, ese tipo de maniobras dejaría de ser un problema. Lo que hoy aparece como una irregularidad podría quedar, por ley, completamente habilitado.
Ese mismo día, en el Senado, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger defendía el proyecto que busca reconfigurar el régimen de propiedad en Argentina. La iniciativa modifica seis leyes clave: endurece las condiciones para expropiar, desarma límites a la compra de tierras rurales por extranjeros, acelera desalojos y recorta protecciones ambientales. Todo en un solo movimiento.
El núcleo del proyecto apunta a bloquear futuras expropiaciones. Establece que la utilidad pública debe interpretarse de manera restrictiva, fija criterios más exigentes y eleva los costos a niveles que vuelven inviable cualquier intento de recuperar activos privatizados. El mensaje es claro: lo que se entregue ahora no se toca después.
En paralelo, la reforma de la ley de tierras vacía de contenido las restricciones vigentes desde 2011. Solo quedarían limitados los Estados extranjeros, mientras que inversores privados podrán acceder a tierras rurales con controles difusos que quedarán a criterio del Ejecutivo. El resultado es un mercado abierto sobre territorios estratégicos, incluyendo zonas con recursos hídricos y minerales clave.
El caso de Río Negro es ilustrativo. Allí, el gobernador Alberto Weretilneck otorgó permisos de cateo minero sobre diez mil hectáreas del Cerro Carreras —zona con glaciares y nacientes de ríos— a la empresa Tamar Mining, vinculada a un entramado corporativo sin inscripción formal en el país. La concesión no fue publicada en el Boletín Oficial. Mientras tanto, en el Congreso se discutía la reforma de la Ley de Glaciares.
Esa reforma fue aprobada el 9 de abril en Diputados. Reduce la protección ambiental y amplía la capacidad de decisión de provincias mineras como Salta, Catamarca, San Juan y Mendoza. Detrás de esa votación hubo reuniones con grandes empresas del sector en Nueva York, donde plantearon la necesidad de flexibilizar restricciones para avanzar con proyectos extractivos.
El proyecto oficial también modifica el régimen de manejo del fuego. Limita las restricciones al cambio de uso del suelo solo a ciertos tipos de bosques. El resto de los terrenos afectados por incendios podrá ser vendido o reconvertido sin mayores obstáculos, abriendo la puerta a maniobras especulativas.
En el plano social, la iniciativa introduce desalojos exprés. Reduce plazos, habilita lanzamientos inmediatos y equipara situaciones distintas como la ocupación sin título y la morosidad en alquileres. Según un informe de Inquilinos Agrupados, el esquema propuesto es el más regresivo de la región en términos de derechos para los inquilinos.
Todo esto ocurre en simultáneo con un paquete de privatizaciones que incluye a Enarsa, Intercargo, Corredores Viales y AySA. Varias de esas empresas registraron superávit en 2025, según el propio Ministerio de Economía. Aun así, el gobierno avanza en su transferencia al sector privado mientras construye un marco legal que las vuelva prácticamente intocables.
El sostén político de este esquema está en los gobernadores “dialoguistas”, que acompañan las iniciativas a cambio de recursos, avales y margen de maniobra en sus provincias. El resultado es un engranaje donde la necesidad fiscal se traduce en respaldo legislativo y cesión de activos.
El proyecto se presenta como una defensa de la propiedad. En los hechos, redefine quién puede quedarse con qué, en qué condiciones y con qué límites. Y lo hace en un momento donde el Estado se retira de áreas estratégicas mientras deja asegurado que ese retiro no tenga vuelta atrás.
