19/03/2026.- Salta al Instante.- Por Gaby Pachteng.- Con información del Centro de Economía Política Argentina.- Foto portada: IA.
La crisis universitaria en Argentina tiene nombre y apellido. Y también números. Mientras el presidente Javier Milei insiste con su programa de ajuste extremo, las universidades públicas enfrentan un deterioro presupuestario y salarial que amenaza con paralizar uno de los pilares históricos del sistema educativo argentino.
El conflicto estalló tras el tratamiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, aprobada por el Congreso el 21 de agosto de 2025. El gobierno la vetó semanas después, pero el Parlamento volvió a insistir con su sanción el 2 de octubre, dejando la norma firme. Sin embargo, el Ejecutivo encontró otra salida: el Decreto 759/2025, que suspendió su aplicación con el argumento de que no estaban definidos los fondos para financiarla.
La maniobra generó un choque institucional. Un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, el 23 de diciembre de 2025, ordenó al Estado cumplir la ley. Pero lejos de acatar, el gobierno optó por otro camino: el 18 de febrero de 2026 envió al Congreso un proyecto para modificar la propia ley y diluir su impacto, evitando así aplicar las mejoras que el Parlamento había establecido para universidades y docentes.
El ajuste que golpea a la universidad pública
Los números son contundentes. El presupuesto destinado a las universidades nacionales sufrió un recorte brutal durante la gestión libertaria. Entre 2023 y 2025, el financiamiento real del sistema cayó 28,7%, un desplome que impacta de lleno en gastos de funcionamiento, investigación, hospitales universitarios y actividades de extensión.
Mientras las universidades intentan sostener sus actividades con recursos cada vez más escasos, el proyecto del gobierno propone cambios que profundizan el deterioro.
Por ejemplo, la actualización presupuestaria quedaría condicionada a que la inflación supere el 14,3% anual acumulado, una cláusula que limita las recomposiciones automáticas frente al aumento de precios. Además, la actividad de extensión universitaria quedaría directamente excluida del mecanismo de actualización, un recorte que golpea programas sociales, educativos y comunitarios que las universidades desarrollan en todo el país.
Salarios pulverizados
Pero el golpe más fuerte recae sobre quienes sostienen el sistema: docentes y trabajadores universitarios.
La ley votada por el Congreso establecía que la paritaria nacional debía recomponer la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde diciembre de 2023, tomando como referencia la inflación del INDEC.
El proyecto del gobierno elimina esa garantía y la reemplaza por un esquema de aumentos mínimos: subas del 4,1% en marzo, junio y septiembre, que suman apenas 12,3% anual. En un país con inflación crónica, el resultado es evidente: salarios que siguen perdiendo contra los precios.
La consecuencia es una ecuación explosiva: docentes empobrecidos, universidades desfinanciadas y un sistema científico debilitado.
Un conflicto que escala
El panorama alimenta una crisis política y social creciente. Rectores, gremios docentes y estudiantes denuncian que el modelo económico de Milei está provocando un vaciamiento progresivo de la universidad pública.
La advertencia no es menor. Argentina construyó durante décadas un sistema universitario gratuito que permitió movilidad social, desarrollo científico y formación profesional masiva.
Hoy, ese modelo enfrenta una tormenta perfecta: ajuste presupuestario, salarios en caída y decisiones políticas que desoyen incluso fallos judiciales.
En los pasillos universitarios la pregunta ya no es solo cuánto durará el conflicto. La preocupación es otra: si el sistema podrá resistir el embate de un ajuste que, para muchos, ya dejó de ser una política económica para convertirse en una amenaza directa contra la educación pública.
