01/12/2025.- Salta al Instante.- Foto portada: Universidades en alerta, reclaman que se cumpla la ley y ponen en duda que haya clases en 2026.
La pulseada entre el gobierno de Javier Milei y el sistema universitario público volvió a tensarse al máximo. Las principales federaciones docentes denunciaron que la Casa Rosada incumple abiertamente la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y promulgada a la fuerza tras el veto presidencial. El trasfondo: salarios pulverizados por la inflación, presupuestos congelados y una advertencia que conmociona al sistema educativo: si no se aplica la ley, el ciclo 2026 no empezará.
Una ley votada, promulgada… y desactivada
La semana pasada, la Conadu Histórica —que reúne a 27 gremios— anunció un paro de una semana, del 1 al 6 de diciembre, en rechazo a la decisión del Gobierno de incumplir la norma que determina un aumento salarial del 43,95%, equivalente a la inflación acumulada desde julio.
Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), parte de la federación, lo resumieron sin rodeos: “El conflicto sigue abierto mientras nuestros salarios sigan por debajo de la línea de pobreza”.
Pero detrás de los reclamos salariales aparece el tema de fondo: la ley está aprobada, pero Milei decidió no asignarle fondos, dejando su aplicación en un limbo administrativo que, en los hechos, equivale a desconocerla.
“No es un capricho: es la ley”
Para la Conadu Histórica, el 44% de aumento que exigen es un número técnico, no político. “Es lo que marca la ley”, insistió Antonio Rosselló, dirigente de AGD-UBA y de la federación. Y agregó un diagnóstico inquietante: “Para que la universidad pueda cumplir sus funciones, habría que triplicar el presupuesto”. Investigación, ciencia, tecnología, escuelas preuniversitarias, tasas de egreso, autonomía universitaria: todo, dice Rosselló, está comprometido.
Conadu avisa: sin financiamiento, no hay 2026
En simultáneo con el paro, la Conadu —la federación más grande del sector— difundió un comunicado que cayó como un baldazo en el sistema educativo:
“Sin implementación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, no comenzarán las clases en 2026”.
El Plenario de Secretarias y Secretarios Generales aprobó un plan de lucha para el año próximo que incluye el no inicio del ciclo lectivo.
El secretario general, Carlos De Feo, advirtió que la situación es “crítica como pocas veces” y que el desfinanciamiento empuja al sistema universitario hacia un deterioro que llevará “muchos años revertir”.
La trampa de la promulgación sin presupuesto
El conflicto estalló cuando Milei, obligado por el Congreso a promulgar la ley —tras el rechazo legislativo a su veto—, recurrió a un mecanismo singular: la promulgó, pero la dejó sin fondos. En el Boletín Oficial del 21 de octubre, el Presidente justificó que la norma “quedará suspendida en su ejecución” hasta que el Congreso precise el origen del financiamiento.
Para las universidades, fue un mensaje claro: la ley existe, pero no se toca.
El antecedente es conocido: en 2024 ocurrió exactamente lo mismo, aunque en esa oportunidad el Parlamento sí permitió el veto. No esta vez.
Una batalla que viene de lejos
El Gobierno insiste en que el conflicto es “un problema de auditorías”. Las universidades ya respondieron: todas tienen auditorías en curso, como exige la normativa vigente, y todas rindieron sus cuentas.
La explicación alternativa —que Milei mantiene un enfrentamiento ideológico con la universidad pública— gana fuerza a medida que se acumulan los hechos: presupuestos licuados, fondos congelados, demoras salariales y recortes que comprometen el funcionamiento básico.
En la comunidad universitaria creen que, sin un giro drástico, la política del Gobierno empuja a las universidades públicas a un vaciamiento progresivo, incompatible con el mandato constitucional y con la ley que el propio Congreso ratificó.
Mientras tanto, la advertencia ya está escrita:
si el Gobierno no cumple la ley, 2026 podría comenzar con las aulas cerradas.
Con información de El Destape.
