24/01/2025.- Por Sonia Margarita Escudero.- Foto portada: Pedidos de libertad para Yolanda Vargas en 2021. Imagen: Página/12-Gentileza.
YOLANDA VARGAS es una joven de Colonia Santa Rosa que, en la lotería del nacimiento no fue afortunada. Nació en la pobreza, esa que se hereda. Su vida estuvo y está atravesada por muchas violencias: física, psicológica, económica, institucionales, entre otras. Sólo completó estudios primarios. Su pareja la abandonó con 2 hijos, cuando el más pequeño tenía seis meses. El padre biológico incumplió con sus deberes parentales. Yolanda debió hacerse responsable de obtener los recursos para la subsistencia de sus niños.
Los agentes sanitarios informan en el expediente judicial que los niños estaban bien, con el peso correcto y con las vacunas completas, que no eran de riesgo y que Yolanda era una buena madre.
En febrero de 2021, salíamos de la pandemia. Una mañana lluviosa, debía salir a hacer compras para comer. La familia que compartía la precaria vivienda de madera en un barrio pobre periférico, no se encontraba. Yolanda se levantó a las 11, les dio el desayuno, debía dejarlos por dos horas de modo que se aseguró de protegerlos de cualquier peligro exterior. En el dormitorio, los dejó con la televisión encendida.
A la hora y media la llamaron para informarle que la vivienda se estaba incendiando. Regresó en su motoneta a toda velocidad, gritando porque sus hijitos estaban en la casa. Quiso entrar a rescatarlos pero la policía se lo impidió. Cayó en estado de shock y debieron trasladarla al hospital en ambulancia. Su hija de seis años y su hijo de cuatro fallecieron en el incendio. Se determinó que la causa fue un cortocircuito que ella no pudo prever.
¿Cuál fue la respuesta del Estado? La más cruel: el arresto y una acción penal por la cual será llevada a juicio. Estamos frente a la atrocidad del sistema penal actuando sin contención. Se criminaliza la pobreza. Se culpa a una joven madre, sin estudios, sin trabajo formal, que hacía lo posible por alimentar a sus hijitos.
De la lectura del expediente judicial surge evidente la interacción entre desigualdades y discriminaciones. La desigualdad aparece naturalizada por los operadores del sistema penal, signo de un nuevo racismo. Una justicia penal que se muestra, una vez más, pesadamente clasista, machista y racista.
Se hace caer sobre una joven mujer, atravesada por muchas vulnerabilidades, la responsabilidad de un accidente eléctrico vinculado a una instalación precaria. Lo que se advierte es una ausencia total del Estado en todos sus niveles, por falta de políticas sociales que mejoren el hábitat de los sectores populares. El modelo patriarcal y machista se perpetúa en decisiones judiciales que hacen recaer exclusivamente sobre las mujeres la carga de las tareas de cuidado.
En el caso de Yolanda Vargas se observa, como en el caso de Santos Clemente Vera, cómo el derecho penal se ha convertido, de hecho, en el espacio de la máxima desigualdad y discriminación. Un sistema penal doble: mínimo e ineficiente para ricos y poderosos (léase policías torturadores y plantadores de pruebas, funcionarios corruptos, narcotraficantes, violadores y asesinos), y un derecho penal máximo e inflexible para los pobres y los marginados.
Un desgraciado accidente se cobró la vida de dos pequeños. Una madre perdió a sus dos hijitos. Inmersa en semejante dolor, la respuesta del Estado hacia Yolanda es de una brutalidad que asombra. El accidente sin dudas estuvo ligado a la pobreza y a la marginalidad social; su prevención requeriría políticas sociales para reducir sus causas, de ningún modo una respuesta penal.
¿Cuál es el beneficio para la sociedad con el encarcelamiento de una madre que perdió a sus hijitos en un accidente?
DEBEMOS IMPEDIR QUE SE CONSUME UNA NUEVA INJUSTICIA.
