12/08/2026.- Salta al Instante.– Foto portada: Ilustrativa.
Gabriela Cerrano cuestionó la decisión del Gobierno nacional de finalizar el programa Volver al Trabajo y advirtió que la medida afectará a miles de salteños. La dirigente sostuvo que los beneficiarios realizan tareas comunitarias y que el ingreso era utilizado para cubrir gastos básicos.
Gabriela Cerrano cuestionó el fin de Volver al Trabajo y alertó por su impacto en Salta
La decisión del Gobierno nacional de poner fin al programa Volver al Trabajo generó críticas entre organizaciones sociales que acompañan a sus beneficiarios. En Salta, según señaló Gabriela Cerrano durante una entrevista en Qué Parte No Entendiste???, conducido por Mabel Corrales, son alrededor de 34 mil las personas alcanzadas.
Cerrano sostuvo que el beneficio había quedado reducido a unos $78.000 mensuales, luego de que el Gobierno de Javier Milei desvinculara el monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
“El monto quedó tan pequeño, apenas 78 mil pesos”, afirmó la dirigente, quien cuestionó que el ingreso haya perdido poder adquisitivo frente a la inflación.
Según explicó, muchas de las personas que recibían el beneficio realizan tareas en comedores, merenderos y organizaciones comunitarias, actividades que, de acuerdo con su planteo, demandan trabajo y organización.
“Sostener un comedor popular, un merendero, es una tarea que requiere mucha dedicación”, sostuvo.
Críticas a la eliminación de programas sociales
Cerrano también cuestionó los cambios implementados por la administración nacional desde la llegada de Milei y la creación del Ministerio de Capital Humano.
En ese sentido, afirmó que se desarticularon políticas que durante años habían sido gestionadas desde el Ministerio de Desarrollo Social y señaló que también se endurecieron los requisitos para acceder al programa.
La dirigente sostuvo que el cambio de nombre de Potenciar Trabajo a Volver al Trabajo no significó, en los hechos, una recuperación del empleo para quienes recibían el beneficio.
“No volvió nadie al trabajo, al contrario”, afirmó.
Para Cerrano, además, las dificultades para acceder a un empleo formal están vinculadas con factores como la edad, la capacitación y las condiciones personales de cada trabajador.
Advirtió por el cierre de comedores y merenderos
Durante la entrevista, Cerrano también relacionó la situación de los beneficiarios con la reducción de la asistencia alimentaria destinada a comedores y merenderos.
Según relató, numerosos espacios comunitarios dejaron de funcionar porque dependían de la mercadería que recibían desde organismos nacionales.
La dirigente remarcó que, en muchos casos, los pequeños ingresos de los beneficiarios también permitían afrontar gastos cotidianos como la compra de una garrafa, el pago de la electricidad o la adquisición de leña.
A su entender, la eliminación del programa también tendrá consecuencias económicas en los barrios y en localidades del interior provincial.
“Un monto tan pequeño siempre se vuelca hacia gastos mínimos de almacenes de barrio, ferias y todo eso”, señaló.
También advirtió especialmente por la situación de personas de comunidades originarias que viven en zonas rurales, donde las posibilidades de generar ingresos alternativos son todavía más limitadas.
“El ajuste tiene un límite”
Cerrano cuestionó además el impacto general de las políticas económicas del Gobierno nacional y sostuvo que el deterioro alcanza a distintos sectores sociales.
Mencionó a trabajadores asalariados, jubilados y sectores de clase media que, según afirmó, enfrentan pérdida de poder adquisitivo y mayores niveles de endeudamiento.
También criticó la situación de los jubilados y los recortes vinculados con el acceso a medicamentos.
“El ajuste tiene un límite”, afirmó durante la entrevista.
En ese marco, cuestionó también el argumento de que los beneficiarios de programas sociales reciben dinero sin trabajar y sostuvo que las tareas comunitarias realizadas durante la vigencia de Potenciar Trabajo eran registradas y evaluadas.
El impacto en hospitales y servicios públicos
La dirigente extendió sus críticas al funcionamiento de los servicios públicos y aseguró que el ajuste también está afectando a los hospitales del interior de Salta.
Mencionó particularmente la situación del hospital Joaquín Castellanos de General Güemes y del hospital San Bernardo, además de advertir sobre las dificultades de los centros sanitarios de localidades más pequeñas.
Según sostuvo, la reducción de servicios provoca que numerosas prestaciones deban ser derivadas hacia otros hospitales.
En ese punto, también cuestionó el rol del gobernador Gustavo Sáenz, a quien responsabilizó por acompañar las políticas de ajuste del Gobierno nacional.
La situación judicial del programa
Cerrano explicó que el programa había finalizado oficialmente en abril, pero que una medida judicial permitió que los beneficiarios continuaran cobrando durante algunos meses.
Según relató, en una primera instancia la Justicia había considerado que el beneficio tenía un carácter asistencial y de supervivencia debido al bajo monto.
De acuerdo con su explicación, los pagos se mantuvieron hasta julio, pero posteriormente una instancia superior falló a favor de la continuidad de la decisión del Gobierno nacional.
Ante este escenario, organizaciones sociales impulsan nuevas acciones judiciales y reclaman la intervención de la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, Cerrano sostuvo que la principal estrategia será continuar con las movilizaciones callejeras para visibilizar la situación de las personas afectadas.
“El pobre no es pobre porque quiere”
Sobre el final de la entrevista, la dirigente recordó situaciones que, según relató, observaba en los merenderos antes del cambio de gobierno.
Contó que personas se acercaban por la tarde con botellas para preguntar si quedaba chocolate disponible, y planteó qué ocurrió con quienes actualmente ya no cuentan con esos espacios de asistencia.
“Hay una situación de gente que está sufriendo mucho. Esto no es justo”, sostuvo.
Y concluyó: “El pobre no es pobre porque quiere”, al considerar que las políticas económicas y sociales implementadas por el Gobierno nacional están profundizando las dificultades de sectores que ya se encontraban en una situación vulnerable.
