28/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: El gobierno canceló o comenzó el proceso de rescisión de 1683 obras.
El Gobierno nacional dio de baja o inició la rescisión de 1.683 obras y transfirió otras 457 a provincias y municipios, según el proyecto de Presupuesto 2027. La inversión pública prevista representa apenas 0,4% del PBI y el Ejecutivo prioriza mantener el equilibrio fiscal.
El Gobierno de Javier Milei profundizó el recorte de la obra pública y dejó fuera de la órbita nacional a más de 2.000 proyectos de infraestructura. Según los datos incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027, de una cartera de 2.339 obras, 1.683 fueron dadas de baja o tienen iniciado el proceso de rescisión, mientras que otras 457 fueron transferidas o están en proceso de pasar a provincias y municipios.
De esta manera, solo 199 proyectos permanecen bajo responsabilidad del Estado nacional. La administración sostiene que la decisión responde a la necesidad de preservar el superávit fiscal y concentrar los recursos en las prioridades establecidas por el Gobierno.
La propia documentación oficial del Presupuesto 2027 confirma que la política de inversión pública será selectiva. Los criterios establecidos para el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2027-2029 priorizan proyectos que ya estén en ejecución y aquellos vinculados con empleo, exportaciones, energía, desarrollo tecnológico o financiamiento externo.
Un presupuesto con menos recursos para infraestructura
El recorte también aparece reflejado en las previsiones presupuestarias. Para 2027, el gasto de capital representa una porción reducida del gasto total y la inversión pública proyectada queda en niveles muy bajos en relación con el tamaño de la economía.
El Gobierno argumenta que la inversión estatal debe mantenerse de acuerdo con la capacidad fiscal y las prioridades macroeconómicas. En paralelo, el Portal de Datos de Inversión Pública oficial utiliza el proyecto de Presupuesto 2027 como base para sus proyecciones de inversión y permite seguir la evolución de estos recursos en relación con el PBI.
El resultado es un cambio profundo en el esquema de financiamiento de infraestructura: Nación deja de asumir numerosas obras y busca que parte de ellas sean continuadas por otras jurisdicciones.
Rutas, viviendas y servicios quedaron en el camino
Entre los proyectos afectados aparecen obras de distinta naturaleza, desde viviendas y urbanización de barrios populares hasta rutas, autopistas, redes de servicios y proyectos ferroviarios.
Uno de los programas que quedó desactivado es el esquema de urbanización asociado al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). También se frenaron proyectos vinculados con vivienda y distintas obras destinadas a ampliar o mejorar infraestructura básica.
La reducción de nuevos proyectos resulta especialmente significativa. El esquema actual de planificación nacional establece como prioridad las obras que ya se encuentran en ejecución y aquellas que puedan demostrar determinados impactos económicos o cuenten con financiamiento externo.
Algunas obras lograron sobrevivir al ajuste
Dentro del conjunto de proyectos que permanecen en la planificación nacional aparecen obras de infraestructura ferroviaria, vial, energética y tecnológica.
Entre ellas se encuentra la mejora integral del ramal Constitución-La Plata del Ferrocarril Roca, además de trabajos sobre la ruta nacional 9/34 entre Salta y Jujuy. También figuran las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, la autopista Juan Domingo Perón, el reactor nuclear RA-10 y el complejo penitenciario federal Agote.
La inclusión de la ruta nacional 9/34, un corredor estratégico para Salta y Jujuy, adquiere particular importancia para el norte argentino debido al impacto que tiene sobre la conexión vial entre ambas provincias.
El costo del traspaso a provincias y municipios
La estrategia nacional también trasladó parte de la responsabilidad sobre la infraestructura a los gobiernos provinciales y municipales. En los últimos meses se avanzó con transferencias de obras y corredores que anteriormente estaban bajo jurisdicción nacional.
Este mecanismo coloca a las provincias frente al desafío de financiar obras que habían sido planificadas con participación del Estado nacional, en un contexto de restricciones presupuestarias.
El Gobierno nacional sostiene que la inversión debe concentrarse en proyectos compatibles con las restricciones fiscales. Para el período 2027-2029, los criterios oficiales incluyen además la existencia de financiamiento externo y la evaluación técnica de los proyectos antes de su incorporación al plan nacional.
La discusión que abre el Presupuesto 2027
El Presupuesto 2027 expone así una definición central de la administración de Milei: reducir la participación directa del Estado nacional en la construcción de infraestructura y limitar la incorporación de nuevas obras.
El debate queda planteado entre el objetivo oficial de sostener las cuentas fiscales y las necesidades de infraestructura de provincias y municipios. Para las jurisdicciones que reciban proyectos transferidos, el desafío será conseguir los recursos necesarios para completar obras que hasta ahora dependían, total o parcialmente, del financiamiento nacional.
