26/11/2025.- Salta al Instante.- Por Nico Ortíz.- Foto portada: Luis Petri junto a integrantes de la Marina.- Imagen: Ministerio de Defensa.
En pleno avance del gobierno nacional sobre las políticas de memoria, la Justicia federal tiene bajo la lupa a un alto jefe de la Armada que ordenó la destrucción de documentos que podrían resultar fundamentales en causas de lesa humanidad. El vicealmirante Juan Carlos Coré, director general del Estado Mayor de la Armada, es el principal acusado.
A comienzos de mes, el fiscal Félix Crous —titular de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado— denunció a Coré luego de que se conociera un mensaje naval “reservado” firmado el 8 de enero. Ese documento ordenaba trasladar el Archivo General de la Armada (AGA), ubicado en San Telmo, hacia el llamado Taller Central y disponía que, desde el 10 de febrero, parte del material comenzara a ser triturado.
La alarma estalló cuando la Asociación de Archivistas en la Función Pública (AFPA) advirtió que entre lo que se pretendía destruir podría haber piezas clave para reconstruir crímenes cometidos durante la última dictadura. Inmediatamente, querellas y fiscalías de distintas jurisdicciones hicieron presentaciones judiciales para frenar el operativo. La primera resolución llegó desde San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence. Luego se sumaron fallos de La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y la Ciudad de Buenos Aires, todos en la misma dirección: impedir la mudanza y la destrucción de los documentos.
La Armada intentó inicialmente ocultar quién había dado la orden, pero finalmente tuvo que remitir al Tribunal Oral Federal 5 —que juzga los delitos cometidos en la ESMA— los documentos en los que se constataba que la decisión había sido tomada por Coré. A partir de allí, Crous lo denunció por incumplimiento de deberes de funcionario público y tentativa de destrucción de pruebas, incluso en violación de las propias normativas internas sobre el tratamiento de archivos. La investigación está en manos del juez Daniel Rafecas.
Una orden en sintonía con la política oficial
En su presentación, Crous pidió leer el episodio dentro de un contexto general: el avance del gobierno de Milei sobre los mecanismos estatales de preservación documental y de investigación de crímenes de lesa humanidad. La lista de hechos es contundente:
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En febrero de 2024, el subsecretario Guillermo Madero se negó a enviar documentación requerida por la Conadi, que busca a los bebés robados durante la dictadura.
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El 26 de mayo, Patricia Bullrich se sumó al bloqueo y rechazó cooperar con la Conadi, a la que acusó de ser un “organismo militante”.
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El 2 de julio, Luis Petri disolvió los equipos que analizaban archivos de las Fuerzas Armadas para colaborar con la Justicia.
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El 13 de agosto, Milei eliminó por decreto la Unidad Especial de Investigación de la Conadi, que tenía acceso a archivos estatales.
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En mayo último, el gobierno degradó la Secretaría de Derechos Humanos a subsecretaría y desjerarquizó tanto el Archivo Nacional de la Memoria como el Museo Sitio ESMA.
Para Crous, la orden de Coré se inscribe en esa misma línea: un “esfuerzo persistente y coordinado” para obstaculizar la preservación de documentación sensible vinculada a delitos del terrorismo de Estado.
Un método con historia
La Armada carga con un largo historial de destrucción y adulteración de archivos. Ya durante la dictadura funcionó la Copese, entre 1982 y 1984, encargada de eliminar registros del accionar de grupos de tareas como el de la ESMA. Y en democracia también hubo maniobras de ocultamiento, como las alteraciones de legajos de represores emblemáticos: Alfredo Astiz, Horacio Luis Ferrari, entre otros.
El giro actual del gobierno no hace más que retomar ese camino. Tras las elecciones del 26 de octubre, la ofensiva negacionista se aceleró. El 6 de noviembre, Petri reivindicó como un “logro” haber desarmado el “nefasto” grupo de trabajo de archivos, al que acusó de “carpetear” a personas con “antepasados” vinculados a los ‘70. Y pocos días después se conoció el anuncio de que el actual jefe del Ejército, Carlos Presti, pasará a reemplazar a Petri como ministro de Defensa, una decisión que rompe más de cuatro décadas de tradición de desmilitarización de la conducción política de las Fuerzas Armadas. Presti, además, es hijo de Roque Presti, responsable de secuestros y desapariciones en La Plata durante los primeros años del golpe.
Mientras tanto, en el plano internacional, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, acudió a un comité de Naciones Unidas para relativizar los delitos de la dictadura y atacar a los organismos de derechos humanos, en línea con la postura gubernamental.
La denuncia contra Coré, lejos de ser un episodio aislado, aparece así como una pieza más en un engranaje mayor: un intento de desarmar los dispositivos estatales que garantizan memoria, verdad y justicia, y una señal preocupante sobre el rumbo que pretende imponer el gobierno en materia de derechos humanos.
Con información de Página/12.
