28/11/2025.- Por Jesús Castillo.- Foto portada: El mal estado de la Ruta 34, totalmente abandonada desde que asumió su desgobierno Javier Milei. Imagen: Gentileza.
Un nuevo fallo judicial volvió a exponer el deterioro de la infraestructura vial y la paralización de la obra pública en el país. El Juzgado Federal de Tartagal ordenó al Estado nacional intervenir de manera urgente en la Ruta Nacional 34, al admitir un amparo colectivo impulsado por el senador Sergio “Oso” Leavy. La decisión deja al descubierto el impacto del ajuste y la desfinanciación de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) durante la gestión de Javier Milei, que frenó obras y dejó sin intervención un corredor clave para el norte de Salta.
Una sentencia que marca un punto de inflexión
La jueza federal Ivana Hernández dispuso que, en un plazo de 90 días, la DNV realice obras urgentes en el tramo que va desde Yuto (Jujuy) hasta Salvador Mazza (Salta). La resolución responde al pedido de una medida cautelar presentada por Leavy en agosto, en representación de un centenar de usuarias y usuarios del departamento San Martín.
El amparo advirtió que la Ruta 34 se transformó en un “mapa de pozos”, con banquinas comidas, alcantarillas tapadas, acumulación de agua, ausencia de señalización y un nivel de riesgo que creció a la par del recorte presupuestario. El juzgado reconoció que la situación vulnera derechos fundamentales como la vida, la integridad física, la salud y la movilidad.
Desde el entorno del senador celebraron el fallo, sosteniendo que la Justicia acreditó el “grave deterioro de la calzada”. Destacaron que esto representaba un peligro constante para miles de automovilistas y transportistas, y reiteraron que el estado de abandono es consecuencia directa del freno total a la obra pública decidido por Milei desde diciembre de 2023.
Pedidos ignorados y una respuesta estatal insuficiente
En su presentación judicial, Leavy aportó fotos, videos y notas dirigidas al presidente Milei y al entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, además de pedidos formales de información que nunca fueron contestados.
Recién un mes después, Vialidad Nacional envió una respuesta en la que evitó explicar las razones del colapso de la ruta y se limitó a enumerar limitaciones operativas: falta de mezcla asfáltica, licitaciones desiertas, precios sin convalidar, contratos sin firmar y proyectos ejecutivos estancados. Incluso señaló que lleva más de un año intentando comprar asfalto en caliente para las rutas 34 y 50 sin poder concretarlo.
En el trámite judicial, la propia defensa de Vialidad admitió que “se trabaja dentro de las disponibilidades presupuestarias”, una manera indirecta de reconocer que los recursos son prácticamente nulos desde que Milei y Caputo paralizaron más de 2.500 obras públicas en todo el país. El ajuste dejó a la estructura operativa reducida a cuadrillas sin insumos, sin equipos y sin presupuesto para trabajos básicos.
En Salta, el impacto se sintió de inmediato: se frenaron obras de agua, hospitales, escuelas y rutas nacionales y provinciales. La 34 no fue la excepción. La falta de actualización de los valores oficiales hizo que las empresas dejaran de presentarse a licitaciones, mientras Nación se niega a habilitar redeterminaciones. Recién en mayo se adjudicó una compra mínima de mezcla asfáltica, insuficiente incluso para reparaciones de emergencia.
Un corredor estratégico que agoniza
Leavy, al igual que el gobernador Gustavo Sáenz, remarca que la Ruta 34 no es una vía secundaria: es el principal corredor agroindustrial del norte salteño, la conexión logística hacia Bolivia y un eje esencial para la movilidad regional. Por allí circulan camiones de alto tonelaje, transporte público, trabajadores migrantes, estudiantes, vehículos de emergencia y familias completas.
El deterioro tiene impacto directo en la economía regional: demoras en el transporte de cosechas, caída en la actividad comercial por dificultades para mover mercadería y un aumento de los costos logísticos. Municipios como Tartagal, Aguaray, General Mosconi y Salvador Mazza vienen denunciando el deterioro desde hace tiempo.
Un fallo que expone el abandono
La resolución judicial es considerada un punto de partida porque reconoce la gravedad del abandono estatal y obliga a la Nación a mostrar qué hará —y con qué recursos— para evitar mayores daños. También deja abierta la posibilidad de dictar medidas más fuertes si la situación no mejora.
El fallo representa, además, un revés implícito al discurso del Gobierno nacional, que insiste en que “la obra pública era un robo”. En el norte salteño, la ausencia del Estado no se percibe como ahorro, sino como abandono. Como expresó Leavy en el expediente: “La Ruta 34 se volvió un calvario diario y el Estado nacional dejó de cumplir incluso con sus funciones mínimas”.
La sentencia de Tartagal confirma que ese diagnóstico ya no es solo una denuncia política o ciudadana, sino una realidad respaldada por la Justicia.
«Vamos a ver si Nación cumple, o se sale por la tangente con algún argumento para evadir a la Justicia y a sus responsabilidades».
Con información de Página/12.
