29/11/2025.- Salta al Instante.- Por Nico Ortiz.- Foto portada: La ONU advirtió sobre graves violaciones a los derechos humanos durante la gestión de Javier Milei. Represión. Las fuerzas de seguridad reprimen a las marchas de jubilados. Imagen: Leandro Teysseire.
El organismo señaló excesos en el uso de la fuerza en protestas, abusos policiales, un aumento de las denuncias por torturas y malos tratos en lugares de detención, y falta de avances en las investigaciones.
Las declaraciones del subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, en la sede de la ONU en Ginebra —donde relativizó el genocidio de la última dictadura y justificó la represión de las protestas por parte del gobierno— quedaron incluidas en el informe final del Comité contra la Tortura (CAT) sobre la situación argentina. A pesar de los intentos oficiales por minimizar estos hechos, el documento preliminar al que accedió Página/12 subraya serias preocupaciones: el empleo desmedido de la fuerza en marchas y movilizaciones, la permanencia prolongada de detenidos en comisarías, abusos policiales, un incremento en las denuncias por torturas y malos tratos a personas privadas de libertad, y la falta de investigaciones eficaces. También remarca el deterioro de las condiciones de detención, las muertes bajo custodia, el régimen aplicado a presos considerados de “alto riesgo”, el aislamiento, el incumplimiento de estándares internacionales sobre asilo y reparación, deficiencias en salud mental y “comunidades terapéuticas”, y el aumento de los casos de trata.
El CAT, encargado de supervisar la aplicación de la Convención contra la Tortura, analizó entre el 12 y el 13 de noviembre información presentada por más de veinte organizaciones de la sociedad civil —entre ellas el CNPT, la CPM y el CELS— que coinciden en denunciar un incremento de la violencia policial y de la represión estatal desde la asunción del gobierno libertario.
Contrario al negacionismo exhibido por funcionarios de Milei, el Comité expresó su “consternación” por el desmantelamiento de equipos y programas dedicados a investigar la actuación de las Fuerzas Armadas durante la dictadura y por los recortes aplicados a instituciones vinculadas a memoria, verdad y justicia. Recordó además que Argentina debe seguir investigando crímenes de lesa humanidad, garantizar recursos para esos procesos, preservar archivos relevantes y asegurar la reparación integral para víctimas y familiares.
Uso de la fuerza y protestas
En el apartado dedicado al uso excesivo de la fuerza en manifestaciones, el CAT renovó sus objeciones a la resolución 125/2024 del Ministerio de Seguridad, señalando que debilita la obligación policial de identificarse en operativos y amplía la discrecionalidad para utilizar armas de fuego ante simples sospechas de delitos graves.
También mostró alarma por la resolución 704/2024, que regula el uso de armamento “no letal” pero sin precisar en qué circunstancias puede emplearse. Y reiteró sus reparos a la resolución 943/2023 —conocida como el protocolo antipiquetes— porque no limita con claridad el uso de armas menos letales, habilita la “presunción automática de flagrancia” en cortes de ruta y amplía facultades policiales sin las salvaguardias necesarias para no afectar el derecho a manifestarse.
El Comité lamentó además no haber recibido información completa sobre las investigaciones de abusos policiales en protestas, como lesiones por balas de goma, gas lacrimógeno, el uso de hidrantes o agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos registradas en las movilizaciones de marzo de 2025.
También mencionó la represión a comunidades indígenas en Jujuy en junio de 2023, donde se habrían utilizado gases lacrimógenos, proyectiles múltiples, detenciones arbitrarias y allanamientos sin orden judicial, sin que existan avances significativos en la investigación.
Entre sus recomendaciones, el organismo pidió incorporar reglas claras de necesidad, proporcionalidad y precaución en el uso de armas menos letales, armonizar la normativa interna con estándares internacionales, grabar todos los operativos de protesta y garantizar el acceso a esas grabaciones para organismos de control.
Abusos policiales y operativos municipales
El informe también recoge denuncias sobre abusos cometidos por patrullas municipales en la provincia de Buenos Aires. Aunque no lo menciona explícitamente, una de esas intervenciones terminó con el asesinato de Octavio Buccafusco en Vicente López el 3 de septiembre. El Comité subrayó la gravedad de las detenciones masivas y los hostigamientos en operativos “preventivos” en barrios populares —incluidos menores de edad—, así como las acciones de “orden y limpieza” aplicadas contra personas en situación de calle, incluso con problemas de salud mental o consumo problemático.
Detención prolongada y condiciones de encierro
El organismo se declaró “seriamente preocupado” por la permanencia prolongada de personas detenidas en comisarías, algunas por más de seis meses o incluso más de un año, en lugares que no están preparados para alojamientos prolongados. Señaló condiciones extremadamente deficientes: falta de ventilación, iluminación insuficiente, escaso acceso a agua potable, alimentación inadecuada y demoras en atención médica.
En cárceles y comisarías registró un aumento de denuncias por torturas y malos tratos desde 2024, incluyendo golpes, amenazas, humillaciones, prácticas violentas de “bienvenida”, interrogatorios coercitivos, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y abusos sexuales. Señaló con especial preocupación los hechos ocurridos en el penal de Piñero (Santa Fe) el 2 de marzo de 2024, y la falta de avances en la investigación.
El Comité también cuestionó el uso de contenciones mecánicas, la medicalización forzada —principalmente de mujeres— y las represalias contra detenidos que denuncian malos tratos. Observó que las investigaciones rara vez se inician de oficio, que las causas suelen caratularse como delitos menores, que los exámenes médicos forenses presentan deficiencias y que los procesos judiciales avanzan con lentitud, favoreciendo la impunidad.
Pidió al Estado argentino enviar un mensaje claro de “tolerancia cero” frente a la tortura, asegurar el respeto de los derechos humanos y mejorar las condiciones de alojamiento en los establecimientos penitenciarios, que registran sobrepoblación y un crecimiento sostenido de su población.
Mujeres detenidas, muertes bajo custodia y menores de edad
El CAT solicitó que se garanticen las necesidades específicas de las mujeres privadas de libertad, con acceso adecuado a salud ginecológica y obstétrica, y que se prioricen alternativas a la prisión para embarazadas y madres de niños pequeños.
También expresó inquietud por los altos índices de muertes en custodia —en su mayoría por enfermedades, aunque también por suicidios y homicidios— y exigió que todas sean investigadas por un órgano independiente conforme al Protocolo de Minnesota.
El comité alertó además sobre la situación de niños, niñas y adolescentes privados de libertad, la distancia de sus lugares de origen, las penas superiores a diez años y las condiciones inadecuadas en esos centros. Cuestionó el proyecto de ley que propone reducir la edad de responsabilidad penal de 16 a 14 años.
Argentina deberá presentar en un año información actualizada sobre las medidas adoptadas para responder a las recomendaciones del CAT sobre detención prolongada, prevención de la tortura, uso de la fuerza en protestas, e investigación de los casos de tortura y malos tratos.
