17/12/2025.- Salta al Instante.- Foto portada: Glaciar Perito Moreno.- Imagen: Martin Katz–Greenpeace.
Las políticas ambientales atraviesan uno de los momentos más críticos desde los años noventa. Bajo el gobierno de Javier Milei, una combinación de reformas normativas, recortes presupuestarios y señales políticas alineadas con el lobby extractivo pone en jaque décadas de avances en materia de protección ambiental.
La Ley Bases, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y el reciente fallo de la Corte Suprema que dio por cerrada la Causa Riachuelo marcaron el inicio de un proceso de retroceso sostenido. Ahora, ese camino se profundiza con dos iniciativas clave que el oficialismo busca tratar en sesiones extraordinarias: la modificación de la Ley de Glaciares y el Presupuesto 2026, que incluye fuertes recortes en áreas ambientales.
La Ley de Glaciares, bajo ataque
El Gobierno impulsa una reforma de la Ley de Glaciares, una norma de referencia internacional sancionada hace 15 años, con el argumento de “ordenar el marco normativo” y eliminar supuestas interpretaciones que habrían frenado inversiones mineras. Sin embargo, especialistas y organizaciones ambientales advierten que el verdadero objetivo es reducir las áreas protegidas para habilitar nuevos proyectos extractivos.
La modificación desplaza el rol de la ciencia —hasta ahora central a través del IANIGLA— y transfiere poder de decisión a las provincias, muchas de ellas interesadas en expandir la actividad minera. Esto implica un cambio de fondo: el criterio técnico queda subordinado a intereses políticos y económicos.
Los datos oficiales desmienten uno de los principales argumentos del lobby minero: la Ley de Glaciares no bloquea grandes extensiones del territorio. Según el inventario nacional, las áreas protegidas representan apenas el 1% de la superficie de la Cordillera y menos del 1% en provincias como Mendoza. Aun así, esas reservas de hielo y ambientes periglaciares cumplen un rol clave como reguladores hídricos, especialmente en regiones áridas.
La ciencia es contundente: el ambiente periglacial almacena hielo invisible, regula el agua a largo plazo y resulta vital para el abastecimiento hídrico. Su desprotección, advierten expertos, puede tener consecuencias irreversibles.
Presupuesto 2026: ajuste ambiental sin precedentes
A la reforma legal se suma el Presupuesto 2026, que consolida un fuerte recorte en políticas ambientales. Mientras el 9,5% del gasto se destina al pago de la deuda, partidas vinculadas al derecho a un ambiente sano caen hasta un 92%.
Según el análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el enfoque ambiental del presupuesto es fragmentado, sin una mirada integral ni preventiva, en un contexto de crisis climática. La Subsecretaría de Ambiente tendrá en 2026 un presupuesto real 79,5% menor al de 2023; el Fondo de Bosques Nativos recibirá apenas una fracción de lo que establece la ley; y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego sufrirá una caída real superior al 50%, con menos recursos y menos horas de vuelo.
En paralelo, el Estado dejará de recaudar casi 600 mil millones de pesos por exenciones impositivas a la minería, una cifra que podría financiar múltiples políticas ambientales estratégicas.
“Argentina necesita un presupuesto que fortalezca la institucionalidad pública y garantice derechos ambientales”, advirtió Ariel Slipak, de FARN. Por ahora, el rumbo elegido por el Gobierno va en sentido contrario.
El escenario que se configura —con aval de gobernadores y presión empresarial— amenaza con dejar daños difíciles de revertir. Para el ambiente, el margen de error ya es mínimo.
