MILEI AVANZA CON EL «COMITÉ MORAL»: Endurece la ofensiva contra mujeres y personas trans

18/12/2025.- Salta al Instante.- Foto portada:

Disolvió la comisión histórica y creó un organismo que centraliza el control ético de la salud bajo su narrativa de “defensa de la vida”.

El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su cruzada ideológica contra los derechos conquistados: disolvió la Comisión Nacional de Ética Biomédica —vigente desde 1998— y la reemplazó por la flamante Comisión Nacional de Bioética, un organismo que concentra el poder de decisión “ética” en manos del Ministerio de Salud y que llega en un contexto de recortes, prohibiciones y retrocesos en materia de salud sexual, reproductiva y de identidad de género.

Bajo el ropaje técnico de la “bioética”, la gestión libertaria instala un mecanismo de control político y moral que impacta de lleno sobre mujeres y personas trans. No es casual: la medida se suma a los ataques a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la prohibición de tratamientos de hormonización en menores, decisiones que ya encendieron la alarma de organizaciones feministas y de derechos humanos.

Un organismo “ético” a la medida del ajuste y la ideología

El Decreto 893/2025 oficializó la creación de la nueva Comisión, que funcionará bajo la órbita directa del Ministerio de Salud. Según el discurso oficial, su misión será “asesorar” al Poder Ejecutivo, coordinar comités de ética, emitir recomendaciones sobre nuevas tecnologías y promover la formación en bioética. En los hechos, centraliza la evaluación ética de la salud en un solo organismo, presidido por el propio ministro y con integrantes ad honorem.

La bioética, lejos de ser un terreno neutral, se convierte así en otra trinchera de la batalla cultural del mileísmo. Mientras se recortan presupuestos, faltan insumos y se vacían políticas públicas, el Gobierno decide crear una supercomisión con poder para legitimar decisiones que ya vienen restringiendo derechos.

Aborto y salud trans: los blancos del “orden moral”

La creación de la Comisión Nacional de Bioética no puede leerse aislada. Desde que asumió, Milei y La Libertad Avanza cuestionan abiertamente la Ley de IVE, vigente desde 2020. En 2024 anunciaron su intención de derogarla, con voceros parlamentarios que se enorgullecen del “pañuelo celeste”. En paralelo, el acceso al aborto legal se deteriora: menos presupuesto, menos insumos y más trabas en las provincias, una combinación que amenaza con volver la ley letra muerta.

El mismo patrón se repite con la comunidad trans. En febrero de 2025, el Gobierno prohibió por decreto los tratamientos de hormonización y las cirugías de afirmación de género en menores de 18 años y los excluyó del PMO. La excusa fue la “protección de los menores”; el resultado, un retroceso en el derecho a la salud integral y un mensaje disciplinador a familias y profesionales.

De una comisión plural a un control centralizado

La Comisión Nacional de Ética Biomédica, creada en 1998, tenía entre sus objetivos garantizar la dignidad humana en la investigación, promover la humanización de la medicina y asegurar la equidad en los sistemas de salud. Analizaba los dilemas éticos desde una mirada amplia, interdisciplinaria y con vocación de resguardo de derechos.

La nueva Comisión Nacional de Bioética, en cambio, nace como organismo único y rector, con capacidad de acreditar comités, fijar criterios y emitir recomendaciones que marcarán el rumbo de la salud y la investigación en todo el país. Aunque se anuncie un Consejo Federal Asesor con representación provincial, el poder real queda concentrado en Nación.

“Defensa de la vida”, control de cuerpos

Con la excusa de ordenar y modernizar, el Gobierno de Milei avanza en la institucionalización de un control ético alineado con su ideología. La “defensa de la vida” que proclama no incluye garantizar abortos legales, ni tratamientos de afirmación de género, ni acceso pleno a la salud. Incluye, en cambio, vigilar, prohibir y disciplinar.

La nueva Comisión no es un hecho administrativo más: es una señal política clara. En nombre de la ética, el oficialismo profundiza un modelo que recorta derechos, estigmatiza identidades y convierte la salud en un campo de batalla moral. Y, como siempre, quienes pagan el costo son las mujeres, las personas trans y los sectores más vulnerables.