14/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Con los tribunales de vacaciones, el hambre avanzaba: la Justicia obligó a tratar un reclamo contra Capital Humano por alimentos. Alimentos en las bodegas de Capital Humano sin repartir. Imagen: Web.
Mientras el país arde por la pobreza y los comedores funcionan al límite, el Estado nacional decidió apagar la luz y cerrar la puerta. Pero el hambre no se toma vacaciones y la Justicia tuvo que salir a apagar el incendio que el Gobierno dejó encendido.
En pleno receso de verano, el juez del Fuero Contencioso Administrativo Federal Walter Lara Correa resolvió habilitar la feria judicial para tratar un reclamo urgente contra el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, por la falta de entrega de alimentos a comedores comunitarios que sostienen a miles de familias en todo el país.
La decisión llegó tras una presentación del CELS y la UTEP, que advirtieron que la parálisis judicial estaba funcionando como una coartada perfecta para que el Estado siga sin cumplir. Traducido: mientras los juzgados descansaban, los comedores seguían vacíos.
Comedores en el limbo y chicos sin plato
Las organizaciones denunciaron que la feria judicial frenó intimaciones ya ordenadas por el propio juzgado, lo que bloqueó el relevamiento e incorporación de comedores que llevan meses esperando ser reconocidos por el Estado para recibir alimentos. Meses esperando. Meses cocinando con lo que pueden. Meses poniendo la cara frente al hambre.
Un antecedente que el Gobierno ignoró
El 19 de diciembre de 2025, la Justicia ya había sido clara: Capital Humano tenía 10 días para informar avances en la incorporación de comedores como Mujeres Unidas (Santa Fe), Rayito de Sol (Chaco), San Expedito (Catamarca), Niños Felices y Chavito (Jujuy).
El plazo venció. La comida no llegó. El silencio fue la respuesta.
También se exigió que el ministerio explique cómo garantiza el derecho a la alimentación en espacios ya relevados, como Rayito de Sol y Una Pizza de Amor en Córdoba, y una extensa lista de comedores del conurbano bonaerense y del interior, que siguen funcionando a fuerza de solidaridad y endeudamiento.
Deudas, abandono y riesgo de cierre
La Justicia también ordenó que se acrediten los pagos pendientes del Plan Alimentar Comunidad al comedor Monseñor Angelelli, una deuda que pone en riesgo su continuidad. Porque cuando el Estado no paga, el ajuste se traduce en platos vacíos.
Lo mismo ocurre con espacios gestionados por organizaciones sociales como La Rueda Educación Popular, Néstor Vive Varela, Seamos Libres y CEyTIS: nombres que al Gobierno le molestan, pero que en la realidad alimentan todos los días a quienes el mercado descartó.
Mientras el Gobierno predica eficiencia y ajuste, la Justicia tuvo que interrumpir sus vacaciones para garantizar comida. No planes, no discursos, no slogans: comida. Porque cuando el Estado se borra, el hambre avanza. Y cuando el hambre avanza, no hay feria judicial que valga.
