14/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Organizaciones consignan ante la ONU y la CIDH los peligros de la reforma de la SIDE impulsada por Milei. Imagen: Sandra Cartasso.
Un frente amplio de organizaciones de derechos humanos, encabezado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional, decidió elevar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una advertencia formal sobre los riesgos que, a su juicio, conlleva la reforma de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) impulsada por el presidente Javier Milei a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025.
Las entidades sostienen que el decreto no sólo es manifiestamente inconstitucional por haber sido dictado sin discusión parlamentaria, sino que además pondría en juego garantías fundamentales de la ciudadanía al habilitar un sistema de vigilancia masiva y concentrar facultades desproporcionadas en un organismo de inteligencia sin controles democráticos efectivos.
En el documento que llegará a organismos internacionales, las organizaciones ponen el foco en varios aspectos que consideran alarmantes: la centralización de poder en la SIDE, la eliminación de barreras para la detención de personas sin intervención judicial clara, y la posibilidad de que agencias estatales compartan datos personales sin mecanismos de supervisión o garantías de protección de la información. Estas modificaciones, sostienen, no sólo debilitan las salvaguardias constitucionales, sino que abren la puerta a prácticas propias de un Estado con facultades de vigilancia descontrolada.
Para los impulsores de la presentación, la reforma implica un retroceso institucional grave. A su juicio, la acumulación de atribuciones en el órgano de inteligencia, sin requerir autorización judicial para acciones como detenciones o el cruce de datos personales, representa una amenaza directa a las libertades individuales consagradas en la Constitución. Además, alertan que el decreto obliga a múltiples organismos públicos a suministrar información personal, con escasos mecanismos de control y sin procedimientos claros, lo que podría facilitar abusos y persecuciones.
Estos pronunciamientos internacionales se suman a la ofensiva local contra el DNU: legisladores de la oposición ya presentaron amparos en la Justicia para que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del decreto, y varios sectores políticos, como la Unión Cívica Radical, reclamaron que el Congreso debata y rechace la medida, considerando que no existieron razones de “urgencia” que justificaran eliminar el debate parlamentario.
El llamado de organizaciones de derechos humanos a la ONU y la CIDH se da en un contexto de creciente preocupación por el avance de políticas estatales que, según sus firmantes, debilitan las garantías democráticas básicas. La advertencia internacional busca poner bajo la lupa global una reforma que, desde su origen, el Gobierno promovió por decreto sin consensos ni debates.
La presentación ante organismos internacionales no sólo apunta a cuestionar la legalidad del DNU, sino también a presionar para que se restablezcan controles democráticos efectivos, reforzando la idea de que las herramientas de inteligencia no pueden operar sin límites ni supervisión, y que las libertades civiles no deben quedar subordinadas a decisiones unilaterales de poder ejecutivo.
