17/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Derechos Humanos bajo asedio, la Subsecretaría en manos de aliados operativos de las Fuerzas Armadas. Imagen: Ex ESMA. Archivo.
En un giro que alarma a organismos de memoria, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación queda ahora, de hecho, bajo el control operativo de quienes históricamente defendieron a las Fuerzas Armadas y relativizan los crímenes de la última dictadura, en un signo claro de la redefinición ideológica que impulsa el Gobierno.
La designación en el organismo de funcionarios con vínculos explícitos con sectores castrenses y posiciones revisionistas —en particular Bryan José Mayer, promovido como jefe de gabinete del área— expone una mutación preocupante: la dependencia funcional de una subsecretaría que debería promover memoria, verdad y justicia frente a violaciones sistemáticas de derechos humanos ahora se alinea, operativamente, con defensores de las Fuerzas Armadas.
Mayer, señalado anteriormente por fungir como vocero de militares y de llamar “terroristas” a víctimas de la represión, no es simplemente un nombre más: su llegada representa una conmoción institucional en un organismo que hasta ahora estuvo dedicado a resguardar los valores democráticos conquistados desde 1983.
Bajo la conducción de Joaquín Mogaburu —quien ya había sido cuestionado por su perfil y vínculos con sectores castrenses— la Subsecretaría parece virar hacia una lógica más próxima al Ministerio de Defensa que a los organismos de derechos humanos, desplazando el enfoque de derechos por un discurso de “perdón” y “concordia” que entrelaza memoria histórica con visiones que relativizan la violencia de Estado.
Este movimiento ocurre a semanas de conmemorarse el 50° aniversario del golpe genocida de 1976, un contexto en el que las políticas públicas de memoria adquieren especial sensibilidad social y política. Que un área clave para la defensa de derechos quede operativa en la órbita de quienes descreen o suavizan la responsabilidad estatal en crímenes de lesa humanidad despierta alertas en organizaciones, víctimas y sectores progresistas del país.
La señal es grave: no se trata solo de un recambio de funcionarios, sino de una transformación profunda de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que ahora semeja un organismo funcional a intereses que históricamente se opusieron a la justicia por violaciones masivas de derechos fundamentales.
