05/03/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Balas de goma, gas y agua a presión, la represión contra los trabajadores de FATE quedó a la vista. Imagen: Web.
La avenida Alem se convirtió ayer en un campo de batalla en pleno centro porteño cuando la Policía de la Ciudad descargó gas lacrimógeno, balas de goma y chorros de agua a presión contra los trabajadores despedidos de la fábrica de neumáticos FATE, que marchaban con sus familias para reclamar por más de 900 puestos de trabajo perdidos tras el cierre unilateral de la planta en San Fernando. La escena, fogoneada por un Gobierno que no escucha y una administración sindical que resiste, muestra la violencia de un Estado que reprime al que lucha mientras exhibe su indiferencia ante el desguace industrial.
Imagen: Juan Ignacio Roncoroni/AFP/EFE.
A media mañana, la multitud —compuesta por obreros, mujeres, hijos y dirigentes de gremios como el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), la CGT, ATE y la Bancaria— se acercó a la Secretaría de Trabajo con la esperanza de respuestas, pero en lugar de diálogo recibió una ofensiva policial brutal e injustificada. Sin aviso, sin intento de negociación y con armas largas apuntando hacia la gente, las fuerzas de seguridad avanzaron sobre una protesta que se desarrollaba sin cortar Metrobús ni obstruir la zona, según denunciaron participantes.
Desde el primer gas, la escena fue de pánico. Los efectivos formaron un cordón que fue empujando a los manifestantes mientras camiones hidrantes descargaban agua a presión y desde atrás volaban gases lacrimógenos al rostro de quienes solo pedían trabajo y dignidad. Testigos y dirigentes denunciaron que hubo detenciones arbitrarias, heridos y empujones a mujeres y a familias enteras. “Esto es una locura”, declaró una trabajadora alcanzada por los gases, todavía con la voz entrecortada, y preguntó con rabia: “¿Para esto sí tienen plata? ¿Para pegarle a los contribuyentes que pagamos los impuestos?”.
La represión no fue un incidente menor aislado: fue la cara más descarnada de un Gobierno que prolonga la tragedia laboral de Fate y exhibe como única respuesta un operativo para dispersar gente que reclamaba por sus fuentes de trabajo. Los despidos y el cierre de la planta —que la empresa anunció el 18 de febrero y que dejó a 920 familias en la calle— detonaron protestas, paros y acciones gremiales que no obtuvieron ninguna solución real hasta ahora.
El cordón policial no solo arremetió contra los manifestantes, sino que persiguió a quienes intentaban replegarse por las calles laterales, en una cacería que incluyó balas de goma y persecuciones en motos. Gremialistas coincidieron en calificar el operativo como una “emboscada”, una respuesta desproporcionada contra trabajadores y dirigentes que solo exigían que se cumplan los acuerdos y que se busque una alternativa viable para salvar la fábrica, proponiendo incluso la figura de ocupación temporánea para evitar el desastre social.
Desde las organizaciones sindicales también se denunció que este ataque no es un hecho aislado sino parte de una política de represión a la protesta social, donde el derecho a manifestarse es aplastado con protocolos antipiquetes y balas de goma mientras los despidos y cierres industriales se multiplican sin respuesta efectiva del Estado. En el terreno, la jornada dejó heridos, familias dispersas y una protesta desmantelada a fuerza de represión, mientras la conciliación obligatoria se estira sin avances concretos y las esperanzas de los trabajadores se desgastan entre gases y sirenas policiales.
