13/03/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Imagen: Ministerio Público y Fiscal de Salta.
Mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recorría la frontera norte en pose de cruzada contra el delito, en los pasillos de la Justicia comenzaba a desarmarse una trama mucho menos épica: contrabandistas negociando con un jefe de Gendarmería Nacional Argentina y un comisario de la policía para asegurar el saqueo y traslado de rieles ferroviarios hacia Bolivia. El contraste es brutal, discurso de mano dura en la superficie, acuerdos oscuros en las entrañas del negocio ilegal.
La historia salió a la luz con el proceso judicial contra Atta Gerala, donde empezaron a desfilar los detalles de una red organizada para arrancar rieles del sistema ferroviario argentino y venderlos del otro lado de la frontera. Un negocio millonario que, según se expuso en el expediente, no se sostenía solo con camiones y amoladoras, también necesitaba protección, silencios y contactos dentro de las fuerzas que supuestamente debían impedirlo.
Los rieles eran cortados, cargados y trasladados hacia Bolivia, donde se comercializaban a precios que dejaban ganancias extraordinarias. No se trataba de un robo improvisado ni de oportunistas de ocasión. La trama revelada en el juicio describe una maquinaria aceitada, con logística, intermediarios y vínculos con funcionarios de seguridad.
Las conversaciones y negociaciones mencionadas en la causa muestran que, mientras se desplegaban operativos oficiales para exhibir control en la frontera, los contrabandistas buscaban garantías para que el negocio siguiera funcionando sin sobresaltos. El resultado fue un circuito clandestino que convirtió infraestructura pública en mercancía de contrabando.
El proceso judicial sigue desnudando cómo funcionaba esa red y quiénes estaban dispuestos a mirar para otro lado —o directamente participar— mientras toneladas de acero ferroviario desaparecían rumbo al mercado boliviano. Lo que empezó como un caso de robo terminó mostrando algo más incómodo, un entramado donde delincuentes y uniformes podían sentarse a negociar mientras la frontera se convertía en escenario de discursos oficiales.
