27/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Carlos Frugoni, el funcionario que renunció. Imagen: X.
Hay sillones que no son cargos: son advertencias. En el Ministerio de Economía, el área que decide sobre transporte y obra pública funciona desde hace dos décadas como una máquina de repartir millones sin control, una zona gris donde la política negocia, los empresarios esperan y la transparencia brilla por su ausencia. La salida de Carlos Frugoni no es un episodio aislado: es otro capítulo en una historia que combina discrecionalidad, improvisación y escándalos que se reciclan.
Frugoni, hombre del riñón de Luis Caputo y bendecido por Javier Milei, duró lo que duran los funcionarios que pisan esa baldosa floja. Su renuncia llegó después de que se conociera que tenía siete departamentos en Miami que “olvidó” declarar. Dijo que fue un error. Un olvido selectivo, oportuno, demasiado caro para ser inocente. No alcanzó: el Gobierno lo soltó sin demasiadas explicaciones y reacomodó las piezas como si nada hubiera pasado.
Pero el problema no es un nombre. Es la estructura. Desde 2002, cuando la salida de la convertibilidad abrió la canilla de subsidios, el área de Transporte se convirtió en una caja millonaria que reparte fondos a colectivos, trenes y cualquier servicio que se sostenga con dinero público. La obra pública, por su parte, se consolidó como la moneda de cambio con gobernadores y contratistas. Resultado: un sistema donde la planificación es secundaria y la discrecionalidad es regla.
En la práctica, quien manejaba los hilos era el secretario de Coordinación de Infraestructura, cargo que ocupaba Frugoni. El secretario de Transporte, Fernando Herrmann, firmaba, pero el poder real pasaba por otro lado. Ahora ese esquema se “blanquea”: Herrmann se queda con el sillón y el manejo del transporte pasa a manos de Mariano Plencovich, un funcionario que ya operaba en las sombras, calculando subsidios sin necesidad de figurar en el organigrama.
La trama interna es un desfile de nombres que entran y salen sin dejar huella, salvo en los expedientes. El experimento inicial del gobierno libertario fue un súper ministerio de Planificación encabezado por Guillermo Ferraro, que concentraba todas las áreas sensibles: transporte, obra pública, energía, minería. Duró 45 días. Después vino el desguace y la dispersión de funciones, con Economía absorbiendo el poder real.
En Transporte, la inestabilidad es la norma. Franco Mogetta, con vínculos al peronismo cordobés, fue uno de los pocos que sobrevivió al primer sacudón. Se fue en agosto de 2025. Lo reemplazó Luis Pierrini, un empresario sin trayectoria en el área, que también terminó eyectado en medio de sospechas por el manejo de subsidios. Antes había caído Martín Maccarone, un empresario que operaba sin designación formal, esquivando el estatus de funcionario público. Después llegó Frugoni. Ahora, otra vez, borrón y cuenta nueva.
Cuatro secretarios en poco más de dos años. Ningún plan consistente. Ninguna política sostenida. Solo administración de urgencias y reparto de fondos.
Pero la historia no empezó con Milei. Viene de lejos. Desde 2003, transporte y obra pública dejaron de ser áreas técnicas para transformarse en territorios políticos. Bajo Julio De Vido, con Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi en Transporte y José López en Obras Públicas, se consolidó un modelo donde los subsidios crecían sin control y los contratos se extendían sin revisión. El final es conocido: condenas, escándalos y bolsos que todavía funcionan como símbolo.
Después vinieron intentos de ordenar el caos. Florencio Randazzo buscó introducir algo de racionalidad. Durante el gobierno de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich intentó reorientar la política hacia la infraestructura. Pero las distorsiones nunca se desarmaron del todo.
En la gestión de Sergio Massa, el esquema volvió a la lógica de emergencia: tarifas pisadas, subsidios en expansión y controles débiles. Mario Meoni, Alexis Guerrera y Diego Giuliano pasaron por el área sin lograr modificar la matriz.
Hoy, el resultado de veinte años de decisiones es un sistema opaco, caro e ineficiente. Subsidios que no siempre llegan a quienes deberían, obras que responden más a la urgencia política que a la planificación, y un Estado que administra desvíos en lugar de corregirlos.
La salida de Frugoni vuelve a encender la luz roja sobre una estructura que parece inmune a los cambios de gobierno. Cambian los nombres, cambian los discursos, pero la lógica persiste: una caja gigantesca, poco controlada, donde cada nuevo funcionario se sienta en una silla que ya tiene historia.
Y en esa historia, la pregunta ya no es quién sigue, sino cuánto más puede durar un sistema que hace del desorden una forma de gobierno.
