25/03/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Con su imagen deteriorada, Javier Milei intenta renegociar el pago de deudas con las provincias. Imagen: Web.
Con la imagen presidencial en retroceso y el malestar social creciendo en distintos puntos del país, el gobierno de Javier Milei intenta recuperar iniciativa política reabriendo un frente de negociación con los gobernadores por las deudas históricas entre Nación y las provincias. El movimiento se formalizó con el Decreto 171/2026, una prórroga y modificación del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas que el Ejecutivo presenta como un intento de ordenar las cuentas y recomponer el vínculo con las 24 jurisdicciones.
La Casa Rosada busca que las provincias se sumen a un sistema de compensación de deudas mientras el Gobierno intenta reacomodar el tablero político en medio de la caída de la imagen presidencial. Desde el oficialismo sostienen que la medida apunta a “caminar junto con los gobernadores hacia un verdadero federalismo”, aunque el esquema ya había despertado críticas desde varias administraciones provinciales por la falta de precisión en los montos y por la escasa consulta durante su diseño inicial.
Las tensiones no son nuevas. Gobernadores vienen reclamando desde hace meses por deudas previsionales, transferencias pendientes y fondos coparticipables que, según sostienen, la Nación arrastra con las provincias. En ese escenario, el nuevo régimen aparece como una herramienta con la que el Ejecutivo intenta ordenar una relación financiera marcada por disputas y reclamos cruzados.
El decreto lleva las firmas de Javier Milei, del vocero presidencial Manuel Adorni y del ministro de Economía Luis Caputo. La normativa habilita una ventana de 60 días hábiles administrativos para que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresen su voluntad de adherir al régimen ante la Secretaría de Hacienda. Según la versión oficial, la iniciativa busca reordenar relaciones económicas que el propio Gobierno describe como “desordenadas” por el centralismo acumulado en los últimos años.
Uno de los puntos más llamativos del esquema es el mecanismo de cancelación de pasivos. El Ejecutivo insiste con la posibilidad de pagar deudas utilizando activos no financieros, lo que abre la puerta a transferencias de tierras, empresas públicas radicadas en las provincias, rutas y otros bienes estatales desafectados. Desde el Gobierno describen esa estrategia como una forma de “creatividad financiera” que permitiría al Estado desprenderse de bienes sin destino mientras las provincias equilibran sus balances.
El nuevo marco también establece plazos técnicos extendidos. Las jurisdicciones tendrán tiempo hasta el 31 de diciembre de 2027 para presentar documentación que respalde las deudas que buscan incluir en el régimen. Si aparecen diferencias en los montos o en los informes técnicos, se abrirá una instancia de negociación bajo criterios de “buena fe y lealtad federal”, con un plazo máximo de 180 días hábiles para alcanzar un acuerdo.
El control institucional del proceso quedará en manos del Ministerio de Economía, con participación de la Procuración del Tesoro y de la Sindicatura General de la Nación únicamente en casos donde existan litigios judiciales o arbitrajes abiertos.
Hasta ahora, ocho gobernadores ya decidieron adherir al régimen: Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Nacho Torres (Chubut), Hugo Passalacqua (Misiones), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Valdés (Corrientes). Con la nueva prórroga, el Ejecutivo apuesta a sumar al resto de las jurisdicciones y convertir el sistema en una herramienta de negociación política y financiera con los gobernadores.
La apuesta del Gobierno se juega, en última instancia, en cuántas provincias decidan subirse al esquema y hasta qué punto la regularización de deudas logra recomponer una relación tirante entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales.
