1/4/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Departamento del jefe de Gabinete, Manuel Adorni en la calle Miró al 500, Caballito. Imagen: Ssandra Cartasso.
La compra del departamento donde viven actualmente Manuel Adorni y su familia en Caballito volvió a encender las alarmas en la investigación judicial sobre su patrimonio. El fiscal Gerardo Pollicita citó como testigo a la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la operación mediante la cual el jefe de Gabinete adquirió la propiedad de 200 metros cuadrados más cochera en la calle Miró al 500 en noviembre del año pasado. La citación llega en medio de dudas sobre el valor declarado de la vivienda y el préstamo de 200.000 dólares que habría sido otorgado por las propias vendedoras, quienes además constituyeron una hipoteca.
Nechevenko deberá presentarse el 8 de abril a declarar como testigo, bajo juramento de decir verdad. Su participación no se limita a la operación del departamento de Caballito: también intervino en la compra de la casa en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, que está a nombre de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, un año antes. Ninguna de esas propiedades fue incorporada a la declaración jurada de Adorni. La semana pasada, ante la consulta de periodistas, sostuvo que “lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida”, en referencia a la correspondiente a 2025.
Según consta en el Registro de la Propiedad Inmueble, el departamento de la calle Miró fue comprado por 230.000 dólares. En esa zona de la Ciudad de Buenos Aires es conocido que difícilmente haya propiedades por menos de 3000 dólares el metro cuadrado, lo que llevaría el valor de mercado cerca del medio millón de dólares. Adorni lo adquirió junto con su esposa sin desprenderse del inmueble de 115 metros donde vivía antes en Parque Chacabuco ni del que declaró en La Plata, de 107 metros. A nombre de su pareja hay además otro departamento en la calle Bragado al 4700, comprado al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires.
La declaración de la escribana también fue solicitada por los diputados Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro y Pablo Juliano en una ampliación de denuncia. En ese planteo remarcaron que no queda claro cuál es el costo financiero del préstamo utilizado para pagar la propiedad, el interés aplicado ni el plazo de devolución del dinero, recordando que Adorni y su cónyuge debían firmar una Declaración Jurada de Persona Expuesta Públicamente según la Resolución 192/2024 de la Unidad de Información Financiera.
El fiscal Pollicita ya requirió toda la documentación vinculada a las operaciones realizadas. También podría solicitar el informe de la ONG Poder Ciudadano en el que aparecen registros de ingresos de la escribana Nechevenko a la Casa Rosada para entrevistarse con Adorni durante 2024.
Esos registros, obtenidos a través de un pedido de acceso a la información, indican que la primera visita de la escribana fue el 30 de julio para reunirse con el entonces vocero. Los encuentros se repitieron en agosto y octubre, y la última vez fue el 26 de diciembre, cuando Nechevenko ingresó incluso antes que Adorni. Para ese momento, según los registros, el jefe de Gabinete ya había comprado la casa en el country. Durante 2025 la escribana ingresó en tres ocasiones, en mayo, julio y septiembre.
La escritura del departamento de Caballito, revelada por el diario La Nación, señala que las dos mujeres que vendieron la propiedad al jefe de Gabinete fueron Beatriz Viega, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64. Ambas, además, le habrían otorgado los fondos para pagarla: 100.000 dólares cada una, mientras que 30.000 habrían sido abonados por el propio funcionario.
Consultada por el periodista Ignacio Grimaldi, Viega aseguró que no conocía a Adorni. “La verdad que no”, respondió. En el celular de Sbabo contestó otra persona, que dijo desconocer si Claudia conoce al exvocero presidencial. Según la documentación, ambas habían comprado el inmueble en mayo del año pasado a Hugo Alberto Morales, exjugador de fútbol de Huracán y Lanús, por 200.000 dólares, seis meses antes de venderlo.
Por ahora el fiscal no citará a las prestamistas. Según allegados a la causa, Pollicita aún no tiene claro si deberían declarar como testigos o eventualmente como imputadas.
Las dos mujeres tuvieron actividad económica. Beatriz Viega, viuda, fue socia en Nazca Gold SRL, empresa que tenía como objeto la ejecución de obras públicas y privadas y actividades inmobiliarias como compra, venta, permuta e hipotecas. Claudia Sbabo tendría relación de dependencia en una editorial.
La fiscalía pidió distintas medidas para reconstruir el patrimonio y los gastos de Adorni. Solicitó a la Secretaría General de la Presidencia constancias sobre sus ingresos, incluyendo sueldo, suplementos y gastos de movilidad. A la Anses requirió datos sobre su historial laboral, remuneraciones y empleadores. A la Oficina Anticorrupción pidió las declaraciones juradas con los anexos reservados, donde debería figurar la casa de Indio Cua. También busca determinar si se realizaron arreglos en esa propiedad y solicitó información sobre ingresos y egresos del país desde el 1 de enero de 2022.
En sus denuncias, la diputada Marcela Pagano fue aportando información sobre posibles discrepancias patrimoniales de Adorni. En la última presentación pidió investigar además si el funcionario es propietario de una casa de grandes dimensiones en San Isidro que, según vecinos, le pertenecería y cuenta con consigna permanente de la Policía Federal.
La investigación sobre el viaje de Adorni a Punta del Este durante el último fin de semana largo de Carnaval sigue en manos del juez Ariel Lijo. Hasta ahora declararon el piloto y broker Agustín Issin Hansen y su secretaria Vanesa Tossi. Ambos confirmaron que el conductor de televisión Marcelo Grandio, amigo de Adorni, gestionó el viaje y pagó los pasajes.
Tossi declaró que Grandio le dijo reiteradamente que se trataba de una “invitación” para una familia y le pidió que no hubiera facturación, algo que finalmente no ocurrió. También señaló que el procedimiento en Migraciones el día del viaje no fue el habitual: intervino el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y, según su relato, se habrían relajado controles.
El juzgado todavía espera documentación solicitada la semana pasada, entre ella los contratos de la productora de Grandio, Imhouse, con el Estado. Adorni sostuvo que él había pagado los vuelos, pero en la causa no hay ningún respaldo de esa afirmación. Incluso si lo hubiera hecho, debería justificar el pago de cerca de 9000 dólares entre ida y vuelta.
