11/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Coimagate en la ANDIS, $75 mil millones bajo sospecha y una trama de poder que no deja de crecer. Imagen: Web.
La investigación por el llamado Coimagate sumó un nuevo capítulo con impacto directo en el corazón del gobierno de Javier Milei. El fiscal Franco Picardi detectó maniobras de corrupción por más de 75 mil millones de pesos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y pidió 29 nuevas indagatorias, que incluyen ampliaciones para Diego Spagnuolo —íntimo amigo del Presidente y ex titular del organismo— y el lobbista Miguel Ángel Calvete, ambos ya procesados como jefes de una asociación ilícita que, según la Justicia, operó desde el Estado para direccionar fondos públicos hacia un grupo reducido de empresas.
El dictamen, de 228 páginas, no deja lugar a ambigüedades: lo que se investiga no son hechos aislados sino un sistema sostenido en el tiempo, articulado entre funcionarios y empresarios, que manipuló compras públicas en áreas sensibles como amputaciones, audífonos, cardiología, implantes, neurología, sillas de ruedas y traumatología. El monto bajo análisis asciende a $75.478.149.019, dinero del erario público que terminó concentrado en pocas manos.
Picardi, junto al titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, sostiene que el entramado fue “conducido desde el sector público” por Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini, y desde el sector privado por Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. Los cuatro ya estaban procesados. Ahora la causa se expande: hay 24 nuevos imputados, entre ellos Emilio Olguin, Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn, Gerardo Raúl Angarami, Oscar Alberto Capello, Guido Capello, Pablo Alejandro Rivero, Martín Gonzalo Armella, Hernán Darío Rasmussen, Máximo Ariel Perdiechizi, Osmar Mariano Caballi, Mariano Sagués, Christian Sagués, Vicente Sagués, Lucas Sagués, Humberto Gabriel Maone, Javier Antonio Bernat, Fernando Martín Bernat, Gustavo Bernat, Vicente Vázquez, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez y Diego Miras Acosta.
El expediente está en el juzgado federal N°11, hoy subrogado por Ariel Lijo, quien deberá decidir si avanza con los pedidos de indagatoria. Lijo reemplazó a Sebastián Casanello, que había dictado los primeros 19 procesamientos en la causa.
El núcleo de la investigación es el direccionamiento sistemático de compras a través del sistema SIIPFIS, implementado en 2024 para gestionar adquisiciones del programa Incluir Salud. Según los fiscales, ese sistema se convirtió en el centro de operaciones de la maniobra: compulsas de precios armadas, empresas que simulaban competir y acuerdos previos para repartirse adjudicaciones millonarias.
El caso del rubro “amputación” funciona como muestra del mecanismo. En 28 compulsas de precios, las mismas seis empresas eran convocadas una y otra vez: Profarma S.A., INDECOMM S.R.L., Laboratorio Ortopédico Sagués S.R.L., Probock S.R.L., Prolite Orthopedics S.R.L. y Resposane Salud S.A. La competencia era una puesta en escena: firmas vinculadas entre sí alternaban roles para garantizar que los contratos quedaran dentro del mismo circuito. Dos núcleos concentraban el negocio: el encabezado por Miguel Ángel Calvete y el de la familia Sagués.
Los números son elocuentes. Solo en ese segmento se adjudicaron $5.683.980.000 entre septiembre de 2024 y agosto de 2025. Las empresas vinculadas a Calvete se quedaron con el 47% de los fondos; las asociadas a los Sagués, con el 53%. El patrón se repite en otros rubros, como el de cardiología, donde las operaciones superaron los 15 mil millones de pesos.
La fiscalía también investiga operaciones simuladas: compras que podrían no haberse concretado nunca. A eso se suman los cuadernos secuestrados a Calvete, donde figuran registros de pagos, porcentajes y nombres que amplían el mapa de la red.
En ese entramado aparece una cifra que se repite: el 3%. En audios filtrados, Diego Spagnuolo describía un sistema de retornos donde ese porcentaje terminaba en manos de Karina Milei. Ahora, nuevos elementos refuerzan esa línea. En un mensaje incorporado al expediente, Claudio Kahn —empleado de Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A.— le avisa a Calvete: “Ya le descontaron el 3”. La respuesta: “Muy buenooooo”.
El rastro continúa en otros intercambios. Calvete pide que el dinero “se lo pinten de verde”, en alusión a dólares, y coordina entregas en domicilios y oficinas. En otra conversación, su hija Ornella Calvete —ex funcionaria del Ministerio de Economía y también procesada— menciona el “3% para KM”. La referencia se acumula en la causa como parte de un esquema de retornos que la Justicia intenta reconstruir.
Para los fiscales, no hay dudas sobre la lógica del sistema: “La ANDIS fungió como una permanente ventanilla de pagos indebidos para sostener negocios espurios, en perjuicio del Estado Nacional”. La descripción apunta a una estructura aceitada donde funcionarios habilitaban pagos y empresarios garantizaban retornos.
El circuito financiero también está bajo la lupa. Sergio Mastropietro, dueño de Baires Fly S.A. y ex socio de Federico “Fred” Machado —extraditado a Estados Unidos y vinculado al financiamiento político— aparece señalado como posible engranaje en el lavado de dinero. Su indagatoria fue ordenada pero aún no se concretó.
Mientras la causa avanza, la situación dentro del organismo es crítica. Desde su transformación en Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), trabajadores denuncian pagos en cuotas y miles de trámites paralizados: 2.500 compras de medicamentos, incluidos tratamientos oncológicos, y más de 3.800 prestaciones demoradas. Todo en un área que maneja un presupuesto de 5,2 billones de pesos destinado exclusivamente a políticas de discapacidad.
El expediente sigue creciendo. Los fiscales anticipan que habrá más imputaciones. La estructura que describen no se agota en los nombres ya señalados: muestra un sistema en funcionamiento durante casi dos años, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, con ramificaciones que todavía no terminaron de emerger.
La investigación ya dejó de ser un caso administrativo. Lo que está en juego es la existencia de un esquema de corrupción sostenido desde el Estado en uno de los sectores más sensibles. Y una red de intereses que, lejos de desarmarse, sigue revelando nuevas capas.
