11/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Invitados en el evento. Imagen: Web.
A más de dos semanas del casamiento de Federico Marán y Nicole Pocovi en la Quebrada de las Conchas, bajo el nombre de “Cafayate Fantasy”, la causa judicial abierta por la presunta falsificación de un permiso ambiental registró su primer avance concreto: la fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, imputó a Lucía Grajales Soriano, propietaria del predio donde se realizó el evento. La investigación, que comenzó con foco en una posible afectación ambiental en un área protegida, quedó ahora encuadrada en el terreno penal.
Desde el entorno de la novia, una de sus allegadas —presentada como “mejor amiga”— sostuvo que la realización del evento no constituyó delito. Sin embargo, el expediente judicial avanza sobre la presunta falsificación de la autorización que habría habilitado la ceremonia. El documento en cuestión presenta irregularidades visibles: errores formales y una firma atribuida al secretario de Ambiente, Alejandro Aldazábal, que aparenta haber sido extraída de otro soporte. Fue el propio funcionario, junto a un guardaparque, quien detectó la anomalía el mismo día de la boda y radicó la denuncia.
El caso, sin embargo, no se limita al episodio del casamiento. El relevamiento de Gente de Salta identifica antecedentes ambientales y penales vinculados a la familia Pocovi, apellido de la novia. Según esa reconstrucción, el grupo acumula denuncias por deforestación en superficies que superan la extensión de la Ciudad de Buenos Aires, además de registros de imputaciones por amenazas con armas de fuego en conflictos territoriales.
La trama empresarial del clan se articula a través de las firmas La Jojoba S.A. y Tierra Vasca S.A., ambas vinculadas a Marcelo y Jorge Alberto Pocovi —padre y tío de la novia—. El eje de operaciones se ubica en la finca Las Colmenas, en el departamento Orán. Allí, en 2006, los hermanos constituyeron La Jojoba S.A. con fines de explotación agropecuaria, incluyendo actividades agrícolas, ganaderas y forestales.
Vista aérea del lugar donde se realizó la fiesta. Imagen: Web.
Al año siguiente, la estructura se expandió. En noviembre de 2007, Jorge Pocovi aparece como representante de Tierra Vasca S.A. en un expediente destinado a habilitar 28.235 hectáreas en la misma zona. En el marco normativo provincial, ese tipo de habilitaciones implica la solicitud de autorización ambiental para intervenir el suelo y destinarlo a producción agroganadera, procesos que en la práctica suelen estar asociados al desmonte o cambio de uso del bosque nativo. La magnitud del proyecto resulta significativa: la superficie involucrada equivale a unos 282,35 km², superando los 203 km² de la Ciudad de Buenos Aires.
Ese mismo mes, la Provincia convocó a una audiencia pública para evaluar el impacto ambiental y social del emprendimiento. Organizaciones como Greenpeace, ASOCIANA, REDAF y la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina presentaron objeciones al avance del desmonte en la zona.
La conflictividad no se detuvo en el plano ambiental. En 2018, con la finca Las Colmenas en plena operación, se registró un conflicto por posesión y superposición de tierras con la finca Las Botijas, en la zona de Rivadavia Banda Sur / Orán. Según consta en actuaciones judiciales, el episodio derivó en denuncias cruzadas por usurpación, robo y hurto, además de situaciones que incluyeron disparos con armas de fuego. La investigación quedó a cargo de la fiscal penal de Pichanal, Sofía Fuentes.
Ese mismo año, cuatro empleados directos de la familia Pocovi y de Tierra Vasca S.A. fueron imputados por amenazas con armas de fuego en el marco de ese conflicto territorial, de acuerdo con comunicados oficiales del Ministerio Público Fiscal.
El casamiento que dio origen a la causa actual se desarrolló durante cuatro días. El viernes 20 de marzo comenzaron a llegar a Salta los invitados. El sábado 21, ya trasladados a Cafayate y sin conocer el lugar exacto de la ceremonia, participaron de un “pre wedding” en la bodega El Porvenir. El domingo 22 se destinó a actividades turísticas.
El lunes 23 de marzo, mientras la ceremonia ya estaba en curso en la Quebrada de las Conchas, Aldazábal y un guardaparque detectaron que el permiso presentado era presuntamente falso. Ambos radicaron la denuncia, aunque el carácter feriado de la jornada trasladó su impacto administrativo al día hábil siguiente. El martes 24 comenzaron a circular imágenes del evento, lo que amplificó la repercusión mediática y expuso que la celebración se había realizado en un área protegida.
El miércoles 25, la denuncia tomó estado formal y se sumaron nuevas intervenciones. La concejal de Cafayate, Romina Mamani, respaldó la organización del evento y aseguró haber realizado averiguaciones previas, mientras que la Municipalidad acompañó la denuncia del secretario de Ambiente y avanzó penalmente por la presunta falsificación del permiso.
En ese contexto, se confirmó que la propiedad está a nombre de Lucía Grajales Soriano, señalada por la defensa de los novios como responsable de la tramitación de los permisos. La familia Marán Pocovi se presentó como cliente del servicio.
La filtración del documento cuestionado reforzó las sospechas: además de los errores formales, la fecha indica que el trámite se habría iniciado en diciembre del año anterior. La fiscal Sandra Rojas concentró la investigación en la autenticidad del permiso y en los posibles daños ambientales derivados del evento.
Más allá de la responsabilidad directa en la organización del casamiento, el relevamiento también expone vínculos empresariales y políticos del entorno familiar. Marcelo Pocovi, padre de la novia, comparte un hijo con Zulema Menem. Kevin y Alan Pocovi mantienen relaciones comerciales con Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados y aliado de Javier Milei.
Kevin Pocovi participó de la asunción presidencial junto a Milei y Victoria Villarruel y formó parte de una delegación oficial que viajó a Mar-a-Lago, donde visitó la residencia de Donald Trump. También intervino en un negocio inmobiliario con ANSES que fue posteriormente investigado y resultó adjudicatario de una licitación provincial millonaria meses antes de la boda. En años anteriores, participó en debates legislativos vinculados a ordenanzas que beneficiaban a una de sus empresas.
Alan Pocovi, por su parte, figura como proveedor de Vialidad Nacional y adjudicatario de contratos de alto monto. Además, aparece mencionado en reconstrucciones vinculadas a una causa que investiga presuntas irregularidades en el otorgamiento de pensiones por discapacidad de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), como posible intermediario en la tramitación de beneficios.
Hasta el cierre de esta edición, ni el organizador del evento, ni Bárbara Pérez —identificada como “mejor amiga” de la novia—, ni Federico Marán ni Nicole Pocovi respondieron a los intentos de contacto realizados para ejercer su derecho a réplica. La causa continúa en desarrollo, con una imputación concreta y un trasfondo que conecta la realización de un evento privado en un área protegida con antecedentes de desmontes y conflictos armados en la provincia de Salta.
