15/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Manuel Adorni modificó su declaración jurada de 2024. Imagen: NA.
El jefe de Gabinete Manuel Adorni volvió a quedar en el centro de la escena tras modificar, fuera de tiempo, su declaración jurada de bienes correspondiente a 2024. El cambio no fue menor: incorporó un inmueble clave que había omitido, la casa ubicada en el country Indio Cuá, adquirida a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.
La rectificación llegó con un año de atraso y en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que analiza el crecimiento de su patrimonio. El movimiento se produjo, además, a pocas semanas del vencimiento —el 30 de mayo— para presentar la nueva declaración, donde deberá incluir otro dato sensible: el departamento de la calle Miró al 500, donde reside actualmente.
Esa propiedad, de casi 200 metros cuadrados, fue adquirida en condiciones que también quedaron bajo la lupa. Dos jubiladas aceptaron venderla por 230 mil dólares, cobrando apenas unos 30 mil al momento de la operación y financiando los 200 mil restantes sin intereses, a pagar en noviembre próximo. Este miércoles, ambas deberán declarar en el expediente.
La declaración jurada original había sido presentada en agosto del año pasado ante la Oficina Anticorrupción. Allí no figuraba la casa de Indio Cuá, pese a que la compra se realizó el 15 de noviembre de 2024 y debía estar consignada en el anexo reservado correspondiente a los bienes del cónyuge. La omisión quedó expuesta cuando la causa judicial ya estaba en marcha.
El fiscal Gerardo Pollicita había solicitado la documentación completa, y fue entonces cuando la Oficina Anticorrupción remitió la versión rectificada tanto al fiscal como al juzgado a cargo de Ariel Lijo.
En la operación de la casa de Indio Cuá intervino la escribana Adriana Nechevenko, quien también aparece en otra pieza clave del expediente: la gestión de un préstamo otorgado al funcionario por dos mujeres vinculadas a la Policía Federal.
Se trata de Graciela Molina de Cancio y su hija Victoria Cancio, quienes declararon haberle prestado 100 mil dólares a Adorni con un interés anual del 11 por ciento. Según sus testimonios, fue la primera vez que actuaban como prestamistas. El dinero fue entregado en efectivo y comenzó a ser devuelto de la misma manera, aunque aún restan 70 mil dólares pendientes, que deberían cancelarse antes de noviembre de este año.
Como garantía, el jefe de Gabinete constituyó una hipoteca sobre su inmueble en Parque Chacabuco, actualmente en venta. De acuerdo con lo relatado por Nechevenko, ese préstamo habría sido destinado a la adquisición de la propiedad en el country de Exaltación de la Cruz, donde se habrían desembolsado 20 mil dólares más otros 5 mil correspondientes al ingreso al complejo.
El frente judicial se completa con un análisis más amplio sobre el patrimonio del funcionario. La legislación obliga a los funcionarios públicos a declarar bienes propios, del cónyuge y de hijos menores. La omisión de datos puede derivar en una figura penal conocida como “omisión maliciosa”, con penas de hasta dos años de prisión, mientras que el enriquecimiento ilícito contempla sanciones más graves, con hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua.
La investigación busca reconstruir el origen de los fondos que permitieron las adquisiciones recientes, entre ellas las propiedades en Caballito e Indio Cuá, así como otros gastos relevantes: viajes en primera clase, estadías en Aruba bajo modalidad all inclusive y traslados a Punta del Este en avión privado. En este último caso, el costo estimado del vuelo ronda los 9000 dólares ida y vuelta. Una de las explicaciones involucra a Marcelo Grandio, quien afirmó haberlo invitado. Esa versión abre otra derivación posible: la figura de dádiva, dado que Grandio obtuvo al menos seis contratos con medios públicos bajo la órbita de decisiones de Adorni.
Las tensiones también alcanzaron el plano político. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich deslizó que el jefe de Gabinete carece de experiencia en el manejo de estas situaciones. “Quizá no tenga el cuero tan duro como yo”, afirmó en declaraciones públicas, antes de cerrar el tema con un escueto: “No voy a hablar de nuevo. Es un tema que lo está llevando la justicia”.
El expediente suma ahora una instancia clave. Este miércoles deberán declarar Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, las dos jubiladas que participaron en la venta del departamento de la calle Miró. Ambas habían adquirido el inmueble pocos meses antes al exfutbolista Hugo Morales.
La operación, por sus características, aparece como uno de los núcleos más sensibles de la causa: un precio declarado de 230 mil dólares, un pago inicial mínimo y una financiación extraordinaria sin intereses, en un mercado donde esas condiciones no son habituales.
Mientras la Justicia avanza, los números se acumulan. Entre las dos propiedades adquiridas durante la actual gestión y los pagos parciales de sus deudas, Adorni habría desembolsado unos 85 mil dólares, sin contar gastos adicionales como refacciones, expensas, servicios y costos notariales. En su última declaración, el funcionario había informado 43 mil dólares en efectivo.
El interrogante que sobrevuela el expediente es concreto: cómo se sostienen esas operaciones y con qué recursos se afrontarán las deudas pendientes, entre ellas los 200 mil dólares adeudados a las jubiladas y los 70 mil a las prestamistas, en un contexto donde su salario ronda los 7 millones de pesos mensuales.
