22/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Federico Furiase, Javier Milei y Felipe Nuñez. Libertarios de Economía involucrados en los préstamos del Banco Nación. Imagen: Archivo.
La investigación judicial sobre los préstamos millonarios otorgados por el Banco de la Nación Argentina a funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza dio un paso clave. El juez federal Ariel Lijo decidió avanzar con una batería de medidas de prueba solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita, en una causa que pone bajo la lupa tanto a las autoridades de la entidad como a los beneficiarios de los créditos.
La resolución incluyó un pedido formal a la Auditoría General de la Nación (AGN) para que realice una auditoría amplia sobre la política de otorgamiento de préstamos del Banco Nación. El objetivo es determinar si existieron irregularidades en la concesión de créditos hipotecarios, especialmente durante el período que va desde diciembre de 2023 —inicio del gobierno de Javier Milei— hasta la actualidad.
La decisión de Lijo se apoya en un dictamen del fiscal Pollicita que impulsa la investigación sobre denuncias dirigidas, por un lado, contra el ex presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y por otro, contra funcionarios y dirigentes que habrían accedido a créditos en condiciones presuntamente ventajosas. Entre los nombres señalados figuran Federico Furiase, actual secretario de Finanzas, quien habría obtenido un préstamo de al menos 300 millones de pesos, y Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, con un monto similar.
El listado también incluye a Juan Pablo Carreira, conocido como “Juan Doe” en redes sociales y actual director nacional de Comunicación Digital del Gobierno, quien habría accedido a un crédito por 112 millones de pesos. A su vez, la investigación alcanza a diputados nacionales de La Libertad Avanza como Lorena Villaverde y Mariano Campero, también mencionados en las denuncias.
Como parte de las medidas ordenadas, el juez requirió al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, que remita el marco normativo vigente para el otorgamiento de créditos hipotecarios, incluyendo reglamentaciones, comunicaciones y cualquier instrumento que regule estos procedimientos en el sistema financiero.
En paralelo, se solicitó al propio Banco Nación que entregue los legajos completos y las carpetas crediticias de los funcionarios y dirigentes involucrados. La intención es reconstruir en detalle las condiciones en las que se aprobaron los préstamos, así como verificar si se ajustaron a las normas vigentes o si existieron excepciones, beneficios o desvíos.
El expediente se suma a otras investigaciones sensibles que involucran a figuras del oficialismo. Tanto Lijo como Pollicita ya tienen a su cargo otra causa que apunta al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y por el uso de vuelos al exterior, lo que refuerza el peso político de este nuevo frente judicial.
En su dictamen, el fiscal fue explícito sobre el eje de la investigación: determinar si, durante la gestión de Daniel Tillard al frente del Banco Nación, se otorgaron créditos hipotecarios de manera irregular, ya sea por incumplimiento de la normativa financiera o por la concesión de privilegios indebidos a funcionarios, empleados públicos o legisladores, en detrimento de los recursos de la entidad.
Las denuncias que dieron origen a la causa fueron presentadas en Comodoro Py luego de la difusión de la plataforma “¿Cuánto deben?”, desarrollada por el programador Andrés Snitcofsky y el estudiante de Abogacía Sebastián Waisbrot. El sitio reúne información pública sobre la situación crediticia de distintos dirigentes políticos, basada en datos del Banco Central.
A partir de esa publicación, se dispararon presentaciones judiciales que ahora derivaron en la apertura formal de la investigación. Según trascendió, representantes del Banco Nación ya se presentaron ante la Justicia para ponerse a disposición y colaborar con el proceso.
En paralelo, varios de los dirigentes mencionados salieron a rechazar las acusaciones. El diputado tucumano Mariano Campero calificó las denuncias como “maliciosas” y aseguró que nunca accedió a beneficios indebidos. “No se trata de un crédito discrecional ni excepcional, sino de una línea hipotecaria en UVA abierta a cualquier ciudadano argentino que califique”, sostuvo.
En la misma línea se expresó Alejandro Bongiovanni, quien negó haber recibido condiciones preferenciales y explicó que su crédito fue otorgado a una tasa del 4,5 por ciento, bajo el sistema UVA ajustado por inflación.
Con las nuevas medidas ordenadas, la investigación entra en una etapa más profunda. La documentación que aporten el Banco Nación y el Banco Central, junto con el informe de la Auditoría General de la Nación, será clave para determinar si los préstamos cuestionados se ajustaron a la legalidad o si, por el contrario, formaron parte de un esquema de privilegios en beneficio de funcionarios del oficialismo. Mientras tanto, la causa avanza y suma presión sobre el Gobierno, en un contexto donde el discurso contra la “casta” vuelve a chocar con la práctica bajo escrutinio judicial.
