23/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
Tardó, pero llegó. Dos ex integrantes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) fueron finalmente enviados a juicio oral por su rol en el aparato represivo de la última dictadura. Se trata de José Ignacio Salvador y Juan Antonio Fumez, acusados de participar en secuestros, homicidios y desapariciones, que hasta ahora nunca habían sido juzgados por crímenes de lesa humanidad.
La decisión fue tomada por el Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, quien ya los había procesado en julio de 2025 como partícipes necesarios de esos delitos.
Salvador ocupaba un lugar clave en la estructura represiva: era jefe de la Delegación Enlace Capital Federal de la DIPPBA, una posición que lo conectaba directamente con otras agencias de inteligencia, como el Batallón 601 del Ejército, y con distintos grupos de tareas. Desde ese rol, participaba de las reuniones de la Comisión Asesora de Antecedentes, que funcionaba en la órbita de la SIDE, donde se analizaban listas de detenidos y se definía su destino.
La investigación determinó que por su oficina circularon pedidos de información que terminaron en secuestros y desapariciones, entre ellos los de Samuel Leonardo Slutzky, Hugo Arnaldo Corsiglia y Luis Ignacio López Comendador, entre junio y julio de 1977.
La Sala II de la Cámara Federal de La Plata fue contundente al describir su papel: lo ubicó como “un engranaje fundamental del sistema montado para identificar a personas, secuestrarlas y desaparecerlas”, actuando como nexo entre agencias y aportando información clave para el circuito represivo.
En paralelo, Fumez era el máximo responsable de la Delegación Lanús de la DIPPBA. Desde allí, no solo participó en el entramado represivo, sino que además intentó encubrir asesinatos. Uno de los casos más emblemáticos es el de Raúl “Bigote” Bonafini, hijo de Hebe de Bonafini.
Raúl, militante del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), fue secuestrado el 6 de diciembre de 1977 y visto en centros clandestinos como la Brigada de Quilmes, el Destacamento de Arana y La Cacha. Sin embargo, Fumez elaboró un informe en el que sostuvo que había sido detenido en un retén policial y que se había “autoeliminado” con una pastilla de cianuro en septiembre de 1978.
Esa versión fue desmentida en la investigación judicial, que determinó su falsedad.
Con esta elevación a juicio, la Justicia vuelve a poner el foco sobre piezas clave del engranaje represivo que durante décadas permanecieron fuera del alcance judicial. Nombres que operaron en las sombras ahora deberán responder en los tribunales por su papel en el terrorismo de Estado.
