24/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Amenazas en escuelas de Mendoza. Imagen: Captura de pantalla.
En Mendoza, el aula dejó de ser un refugio. Más de 230 escuelas activaron protocolos de emergencia tras una ola de amenazas que puso a la provincia en estado de tensión. El dato es brutal: en las últimas semanas, se registraron al menos 400 llamadas al 911 denunciando intimidaciones vinculadas a posibles tiroteos escolares. La cifra no solo alarma, sino que desnuda un fenómeno que ya no puede disimularse como episodios aislados.
El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, salió a poner la cara en medio de la tormenta. Confirmó el despliegue de medidas excepcionales y dejó en claro que la situación desbordó los márgenes habituales de la gestión educativa. En paralelo, varias instituciones tomaron una decisión tan simbólica como inquietante: pedirles a los alumnos que asistan sin mochila. El mensaje es directo, incómodo y revelador: evitar que alguien pueda esconder un objeto con el que amenazar dentro de la escuela.
La postal es fuerte. Estudiantes entrando a clases sin sus pertenencias básicas, bajo la sospecha latente de que cualquier elemento podría transformarse en un riesgo. No es prevención neutra: es la evidencia de que el miedo se metió en el sistema educativo.
Pero el Gobierno provincial no solo apunta a la contención. También endurece el frente judicial. García Zalazar anunció que se avanzará con denuncias de contravención contra quienes realizaron pintadas o amenazas y fueron identificados. Las consecuencias no serán solo escolares: también alcanzarán a las familias. “Las amenazas realizadas tienen una consecuencia legal para los padres y para los estudiantes”, advirtió el funcionario, en un intento por frenar la escalada con sanciones concretas.
El caso que expuso el nivel de gravedad ocurrió con la detención de una mujer acusada de intimidación pública. Se trata de una madre que permitió que su hijo ingresara al colegio con un arma de juguete y realizara amenazas. Aunque fue liberada horas después, la Justicia de Mendoza mantiene abierta la investigación. El episodio no solo encendió las alarmas, sino que dejó al descubierto un entramado donde la responsabilidad adulta también entra en juego.
Mientras tanto, los números siguen creciendo. Más de 700 consultas fueron recibidas por las autoridades en relación con la violencia escolar en las últimas semanas. El Ministerio intenta transmitir control en medio del desborde: asegura que hay 418 profesionales trabajando en territorio, interviniendo en situaciones particulares, reuniéndose con padres y docentes, y reforzando la capacitación para contener el conflicto.
Pero hay otro actor que aparece con fuerza en esta crisis: las redes sociales. Tanto García Zalazar como la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, pusieron el foco en la circulación de contenido violento entre adolescentes. El dato que manejan es inquietante: se detectaron al menos 1200 videos de jóvenes mendocinos en plataformas como TikTok avalando o replicando amenazas escolares.
No se trata solo de bromas de mal gusto. Según el propio Gobierno, ese contenido “incitaba a la violencia dentro de las escuelas y generaba temor para asistir a los establecimientos educativos”. Frente a esto, las autoridades provinciales solicitaron la baja inmediata de esos materiales a las plataformas digitales, en un intento por frenar la viralización del miedo.
La Dirección General de Escuelas, por su parte, intenta reconstruir lo que la crisis rompió. Dispuso que cada institución implemente jornadas de reflexión con alumnos y familias para recuperar la convivencia escolar. Un gesto que, aunque necesario, parece correr desde atrás frente a una realidad que se volvió más rápida, más agresiva y más difícil de contener.
En Mendoza, la escuela ya no discute solo contenidos. Discute seguridad, miedo y límites. Y en ese terreno, cada decisión —desde prohibir mochilas hasta judicializar amenazas— deja al descubierto una pregunta más profunda: cómo se reconstruye la confianza cuando el aula deja de ser un lugar seguro.
