24/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada:
El gobierno de Javier Milei activó el mecanismo para extender la permanencia en el Poder Judicial de Víctor Pesino, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, apenas un día después de que el magistrado firmara un fallo clave que restableció la vigencia de la reforma laboral impulsada por el oficialismo. La recomendación llegó desde el Ministerio de Justicia al Senado, en un movimiento que se inscribe dentro del procedimiento constitucional pero que se produce en un contexto político de alta temperatura.
Pesimo, integrante de la Sala VIII de la Cámara del Trabajo, alcanzó los 75 años y, como establece la Constitución Nacional, necesita un nuevo nombramiento para continuar en funciones por otros cinco años. Ese proceso exige la propuesta del Poder Ejecutivo y el acuerdo del Senado. El Ministerio de Justicia confirmó que el juez solicitó su continuidad y que ya se puso en marcha la instancia formal de publicidad y participación ciudadana previa a la decisión final.
La recomendación oficial no llegó sola. También incluye a Leopoldo Jorge Rago Gallo, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de San Juan, en un paquete que el Gobierno envía al Senado en cumplimiento del esquema previsto para magistrados en esta situación etaria.
Pero el dato político no está en el procedimiento sino en el timing. La movida se produjo apenas 24 horas después de que Pesino firmara, junto a la jueza María Dora González, un fallo que modificó el escenario judicial de la reforma laboral. La resolución otorgó efecto suspensivo al recurso de apelación presentado por el Estado Nacional contra una medida cautelar que había frenado parte de la ley. Con esa decisión, los artículos cuestionados recuperaron vigencia mientras se define la cuestión de fondo.
El fallo revierte, en los hechos, la medida dictada por el juez laboral Raúl Ojeda, quien había ordenado suspender 82 artículos de la Ley 27.802 al considerar que existían indicios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables. La Cámara del Trabajo, con la firma de Pesino y González, dejó esa cautelar en suspenso y devolvió operatividad a la reforma.
Entre los puntos que vuelven a regir figuran modificaciones en el régimen de indemnizaciones, ampliación de facultades para los empleadores, flexibilización de condiciones laborales y nuevas restricciones a la actividad sindical. Se trata de los artículos 1, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 44, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 56 y 57, que habían sido objetados por la Confederación General del Trabajo.
La CGT sostiene que la reforma implica una regresión en materia de derechos laborales, afecta la libertad sindical y vulnera principios constitucionales y tratados internacionales incorporados a la Carta Magna. Ese planteo había encontrado eco inicial en la cautelar de Ojeda, pero quedó momentáneamente desplazado tras la intervención de la Cámara.
La reacción política no tardó. La decisión judicial fue celebrada por el presidente Javier Milei y por integrantes de su gabinete. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, expresó públicamente su respaldo al fallo, destacando la restitución de la vigencia de la reforma laboral. Milei replicó ese mensaje y lo reforzó con una consigna que ya es marca de su gestión.
En paralelo, la secuencia había sido anticipada. El diputado nacional y titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, había advertido horas antes sobre la posibilidad de que el Gobierno impulsara la continuidad de uno de los jueces involucrados. “Tengan cuidado porque uno de los jueces se jubila ahora. No vaya a ser que aparezcan con un pedido adentro del Senado para que le renueven por cinco años más”, señaló en declaraciones radiales. La advertencia se materializó al día siguiente.
Así, en un mismo movimiento, el tablero judicial y el político quedaron entrelazados: un fallo que reactiva una ley central para el oficialismo y una recomendación que abre la puerta a la continuidad de uno de sus firmantes. El desenlace, ahora, queda en manos del Senado.
