24/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ajuste, recortes y un sistema al límite; la salud entra en zona crítica bajo la gestión de Javier Milei. Imagen: Ilustrativa. Web.
El sistema de salud argentino atraviesa un cuadro de máxima tensión. Recortes presupuestarios, programas desmantelados, crisis en el PAMI y una reducción sostenida en el envío de vacunas configuran un escenario que, según datos oficiales y testimonios de autoridades sanitarias, se traduce en un aumento de enfermedades prevenibles y un crecimiento en las tasas de mortalidad.
El diagnóstico fue expuesto en la Cámara de Diputados durante un encuentro convocado por el bloque de Unión por la Patria, donde ministros de Salud provinciales, especialistas y representantes sindicales pusieron números a la situación. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, fue directo: “El sistema de salud de nuestra provincia ya entró en colapso. Hoy 1 de cada 4 medicamentos que necesitan nuestros adultos mayores no está siendo cubierto y eso aumenta la mortalidad”.
Las cifras acompañan ese planteo. En 2025, enfermedades como hepatitis A registraron un aumento del 253% interanual, el sarampión un 1700%, la coqueluche un 474% y la meningitis un 3%, según un informe del Ministerio de Salud bonaerense. A esto se suma el impacto del desmantelamiento de programas de salud sexual y reproductiva, que derivó en un incremento del 71% en los casos de sífilis en 2025 respecto de los últimos cinco años, con una suba del 15% en mujeres embarazadas.
El deterioro también se refleja en indicadores críticos. En 2024, la mortalidad infantil aumentó 0,5 puntos en relación con 2023, mientras que la mortalidad materna registró una suba del 37%. Estos datos se dan en paralelo a la reducción en el envío de insumos clave, como medicamentos para prevenir hemorragias durante el parto, leche y tratamientos esenciales para bebés prematuros, además del debilitamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas.
El ajuste tiene un correlato directo en las cuentas públicas. Entre 2023 y 2025, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud se redujo en un 40%. El recorte impactó con un 34% menos de fondos para hospitales nacionales, un 17% en centros de salud cogestionados con provincias, un 44% en programas sanitarios y un 25% en la Agencia Nacional de Discapacidad, que fue disuelta a fines del año pasado en medio de denuncias por presuntas irregularidades.
Las provincias también sintieron el golpe. En los primeros dos años de gestión, recibieron un 62% menos de recursos nacionales destinados a salud. Gobernadores de distintos signos políticos comenzaron a expresar malestar por la sobrecarga que estos recortes generan sobre los sistemas sanitarios provinciales y municipales. En ese contexto, se registró el cierre de 277 clínicas privadas.
El PAMI, la obra social que cubre a casi 6 millones de jubilados, aparece como uno de los focos más críticos. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, en el primer trimestre de este año sufrió un recorte del 41,3% en términos reales respecto del mismo período de 2025. La entidad acumula deudas por unos 500.000 millones de pesos con sus prestadores y aplicó un recorte superior al 40% en los honorarios de médicos de cabecera, lo que derivó en un paro sin antecedentes recientes.
“Siempre fuimos dialoguistas, pero la situación es insostenible y la única respuesta que recibimos es que no hay plata”, señaló Manuel Rodríguez Lago, secretario adjunto de la Asociación de Profesionales de la Salud (Appamia).
Otro eje del conflicto es la eliminación del plan Remediar, que alcanzaba a 16 millones de personas y distribuía medicamentos en más de 8100 centros de atención primaria. Actualmente, ese esquema quedó reducido a tres medicamentos cardiovasculares. Especialistas advierten que esta decisión tendrá impacto directo en el acceso a tratamientos, especialmente en zonas donde los centros de salud son la única vía de provisión.
A esto se suma la reducción en el envío de vacunas. En 2024, se distribuyeron 37 millones de dosis frente a las 50 millones del año anterior, lo que implica un recorte del 26%. Según denunciaron ministros provinciales en el Consejo Federal de Salud (Cofesa), la situación se agravó en los últimos meses con demoras y cancelaciones en las entregas.
La ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, advirtió que el impacto es mayor en distritos con alta adhesión a los esquemas de inmunización. En la misma línea, la secretaria de Salud de Córdoba, Liliana Montero, señaló que algunas vacunas directamente dejaron de enviarse, alterando la planificación sanitaria.
En el territorio, los equipos de salud advierten sobre las consecuencias inmediatas. Manuel Fonseca, coordinador de salud de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral, planteó que la reducción del plan Remediar “va a generar muchos problemas”, especialmente ante la llegada del invierno. Pedro Lynn, dirigente de ATE, subrayó que en muchas localidades del interior no existen farmacias, por lo que el acceso a medicamentos depende exclusivamente de los centros de atención primaria.
Con este cuadro, el conflicto empieza a trasladarse al plano político y social. Sectores vinculados a la salud ya preparan una marcha federal para las próximas semanas, en continuidad con otras protestas recientes. En paralelo, los datos sanitarios siguen marcando el pulso de una crisis que atraviesa todo el sistema.
