29/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Con el frío empiezan los problemas con el suministro de gas. imagen: Agencia NA.
El invierno todavía no empezó, pero el sistema energético ya cruje. Con la caída abrupta de las temperaturas, las distribuidoras activaron el protocolo de emergencia: cortar el suministro de gas a industrias y estaciones de servicio para garantizar el consumo residencial. La medida deja al descubierto una constante incómoda: cuando la demanda sube, la infraestructura no alcanza.
El recorte afecta a los contratos “interrumpibles”, es decir, aquellos usuarios que pagan menos precisamente porque pueden ser desconectados en situaciones críticas. No es una novedad, pero sí una señal de alerta temprana. Apenas a fines de abril, el sistema ya necesita restringir actividad económica para sostener el consumo domiciliario.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires, las distribuidoras Naturgy Ban SA y Metrogas SA ejecutaron la orden desde las seis de la mañana y sin plazo definido de normalización. El mensaje es directo: la prioridad es el hogar, el resto espera.
El impacto no es menor. Las industrias ven condicionada su producción y las estaciones de servicio deben restringir la venta de GNC, afectando de lleno a taxis, remises y aplicaciones que dependen del gas para sostener costos. En una economía golpeada, cada corte no es solo un dato técnico: es menos actividad, menos ingresos y más presión sobre sectores ya debilitados.
El problema de fondo vuelve a ser estructural. Argentina produce gas y proyecta exportarlo, pero no logra garantizar su distribución interna en picos de demanda. La falta de gasoductos y capacidad de transporte convierte cada ola de frío en una amenaza. El sistema no falla por escasez de recurso, sino por falta de inversión sostenida.
La contradicción quedó aún más expuesta la semana pasada, cuando el Gobierno retrocedió en su intento de licitar la compra de 25 buques regasificadores para reforzar el abastecimiento invernal. Sin ese respaldo, el margen de maniobra se reduce y las distribuidoras recurren a la herramienta más inmediata: cortar donde el contrato lo permite.
El esquema, además, se sostiene con sanciones. Quienes incumplan la restricción y vendan por encima del volumen firme contratado deberán pagar multas equivalentes al valor de un litro de nafta súper por cada metro cúbico excedido. Un castigo que busca disciplinar, pero que también refleja la fragilidad del sistema.
Lo ocurrido en el AMBA no es un hecho aislado. Otras distribuidoras del país podrían replicar la medida si las temperaturas continúan en descenso. Así, el invierno se anticipa con una lógica conocida: hogares protegidos, producción recortada y un sistema energético que vuelve a mostrar que, sin infraestructura, cualquier ola de frío se convierte en crisis.
